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Estados Unidos restringe visas a más de 100 miembros del régimen de Nicaragua tras la muerte de Brooklyn Rivera

El secretario de Estado, Marco Rubio, responsabilizó directamente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por el fallecimiento del dirigente miskito tras tres años de cautiverio y tratos inhumanos

Estados Unidos restringe visas a más de 100 miembros del régimen de Nicaragua tras la muerte de Brooklyn Rivera
ARCHIVO - El presidente nicaragüense Daniel Ortega se dirige a sus seguidores mientras su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, le aplaude, el 29 de agosto de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zuniga, archivo)

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la imposición de restricciones de visado a más de 100 funcionarios del régimen dictatorial de Nicaragua y a sus núcleos familiares directos, en respuesta al fallecimiento del líder indígena y exparlamentario de la oposición, Brooklyn Rivera. La medida de la administración de Donald Trump castiga la complicidad de las estructuras judiciales, policiales y políticas de la nación centroamericana en lo que Washington catalogó como una muerte evitable derivada de las condiciones de su encarcelamiento.

Con la implementación de este nuevo paquete de sanciones migratorias, la cifra global de servidores públicos nicaragüenses penalizados por el Departamento de Estado se eleva a más de 2.350 personas, todas ellas vinculadas a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos ejecutadas bajo el amparo de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Brooklyn Rivera, quien fungía como la voz más influyente de las comunidades nativas de la Costa Caribe de Nicaragua y lideraba la agrupación indígena Yatama, falleció a los 73 años de edad en una unidad de cuidados intensivos de Managua tras sufrir un deterioro irreversible en su salud física. El reconocido dirigente miskito había sido arrestado de manera arbitraria por las fuerzas de seguridad del Estado el 29 de septiembre de 2023, permaneciendo privado de su libertad durante casi tres años bajo un régimen carcelario severo.

La declaración oficial emitida por el secretario de Estado identificó con nombre y apellido a los perpetradores de estos abusos institucionales, señalando específicamente al magistrado electoral nicaragüense Lumberto Campbell Hooker, un funcionario que ya figuraba en las listas negras anteriores de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Rubio afirmó que Campbell estuvo involucrado de manera directa en la orden de negar atención hospitalaria especializada al cautivo cuando su cuadro clínico comenzó a agravarse en los calabozos de la dictadura.

El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. REUTERS/ARCHIVO

El jefe de la diplomacia norteamericana denunció que los agentes del régimen intervinieron de forma ilegal para hostigar a los deudos e impedir que la familia miskita pudiera sepultar los restos del líder indígena de acuerdo con sus rituales tradicionales ancestrales.

El pronunciamiento de la Casa Blanca reafirmó que la actual administración estadounidense no pasará por alto los crímenes cometidos por el sandinismo y mantendrá una política exterior de asfixia y máxima presión diplomática contra el eje totalitario de Managua. "Estados Unidos está junto al pueblo de Nicaragua que, como Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre", subrayó el jefe del Departamento de Estado, instando a los organismos de la región a coordinar bloqueos de activos de los jerarcas implicados.

El recrudecimiento de las sanciones ocurre en un contexto de creciente repudio continental, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera una enérgica condena denunciando que Rivera murió bajo la custodia del Estado, lo que constituye una violación flagrante a los tratados de Ginebra. Expertos jurídicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advierten que las patologías respiratorias del exlegislador fueron agravadas de manera intencional por el hacinamiento y la tortura psicológica, configurando un patrón de crímenes de lesa humanidad.

La Casa Blanca evalúa el endurecimiento de cláusulas comerciales dentro del tratado de libre comercio DR-CAFTA como siguiente fase de disuasión económica, buscando neutralizar el flujo de remesas que sostiene las operaciones financieras de los estamentos militares nicaragüenses. Las delegaciones de derechos humanos independientes insisten en que el castigo a la red de testaferros de Campbell Hooker y de los círculos íntimos de Murillo representa el único mecanismo eficiente para forzar la liberación de los presos políticos residuales.


(Con información de Infobae, AP y EFE)

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