La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al esquema de extorsión marítima impuesto por el régimen terrorista de Irán en el estrecho de Ormuz. La medida del Departamento del Tesoro designó a dos empresas aseguradoras controladas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La red exigía a buques comerciales contratar pólizas obligatorias para transitar por la zona.
Las aseguradoras Persian Gulf Marine e HormuzSafe promocionaban coberturas contra incautaciones provocadas por las propias fuerzas del régimen persa para recaudar divisas. La estructura financiera aceptaba pagos en activos digitales como Bitcoin con el objetivo de eludir las sanciones internacionales. La estrategia ilícita buscaba canalizar recursos para actividades represivas e infraestructuras del terror.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Washington no permitirá que el régimen teocrático mantenga como rehén al comercio internacional. Las acciones coercitivas refuerzan la política de presión máxima para asfixiar la economía iraní tras el impacto de la Operación Furia Épica. El gobierno estadounidense mantiene su firmeza ante las agresiones del extremismo en Medio Oriente.
De manera complementaria, la administración sancionó a ocho buques petroleros pertenecientes a la flota clandestina que transporta crudo hacia Asia. La red logística secreta utilizaba banderas de conveniencia y empresas pantalla para exportar millones de barriles hacia China y Emiratos Árabes Unidos. Las medidas buscan bloquear el principal ingreso de divisas de la dictadura.
Con esta decisión, más de cien embarcaciones petroleras vinculadas al régimen iraní han sido bloqueadas por las autoridades norteamericanas en 2026. La ofensiva económica agrava la crisis de una economía en caída libre castigada por una inflación de tres dígitos. La interceptación de activos limita la capacidad operativa de la Guardia Revolucionaria.
Las regulaciones impuestas por la OFAC prohíben cualquier transacción comercial o financiera de personas e instituciones estadounidenses con las entidades designadas. El marco normativo establece severas sanciones penales y civiles para aquellos actores internacionales que intenten evadir los bloqueos. El sistema financiero reforzará los mecanismos de monitoreo para garantizar el cumplimiento de las restricciones.
La determinación del gobierno estadounidense consolida la defensa de la libertad de navegación frente al chantaje de la dictadura de Teherán. Las sanciones económicas demuestran el liderazgo de Washington para neutralizar las fuentes de financiamiento del terrorismo internacional. La presión internacional resultará clave para sofocar las redes ilícitas del régimen persa en el comercio global.
(Con información de Infobae)
