La Fiscalía General de Colombia, en articulación con la Dijin de la Policía del país y agencias federales de los Estados Unidos, logró el desmantelamiento de una organización delictiva. El grupo criminal está acusado de coordinar el tráfico masivo de personas y de ocultar las millonarias ganancias a través de un esquema de lavado de activos que movilizó más de 100.000 millones de pesos. La asistencia técnica y de investigación provista por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU. fue determinante para rastrear los flujos de capitales y desarmar la estructura.
Las labores de inteligencia revelaron que la red criminal facilitó el traslado ilegal por vía marítima de más de 800.000 migrantes con destino a Centroamérica. Las víctimas, procedentes de naciones como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China, entre otros, eran captadas bajo falsas promesas. La organización promocionaba supuestos paquetes turísticos para conocer el Golfo de Urabá a través de las redes sociales, utilizando esta fachada comercial para captar a los ciudadanos extranjeros y coordinar su salida irregular del país desde las costas de Necoclí, en el departamento de Antioquia, y de Capurganá, Acandí y Sapzurro, en el departamento del Chocó.
La actividad ilícita generó dividendos extraordinarios para la red, concentrando gran parte de sus ganancias operativas durante la época de la pandemia, un período en el que las actividades turísticas legítimas se encontraban completamente suspendidas por orden gubernamental. Para dar apariencia de legalidad a esta fortuna, los delincuentes constituyeron cinco empresas formales de transporte marítimo y fluvial. Además de utilizar masivas transacciones en efectivo, la banda recurrió a fragmentar grandes sumas de dinero en pequeños montos de transferencia para evadir los controles financieros estatales, adquiriendo paralelamente múltiples muebles e inmuebles.
El operativo de asalto simultáneo se saldó con la captura de nueve de los presuntos integrantes de la organización en diligencias judiciales ejecutadas en los municipios de Necoclí, Apartadó y la ciudad de Medellín. Los detenidos cumplían funciones clave dentro del engranaje empresarial de la red, desempeñándose como accionistas, representantes legales y administradores de las sociedades comerciales utilizadas para encubrir el flujo del efectivo y el traslado de los extranjeros.
En el mismo despliegue, las fuerzas judiciales ocuparon un inmueble en Apartadó e identificaron 25 cuentas bancarias que eran usadas para canalizar los recursos, sobre las cuales se solicitarán medidas cautelares de congelamiento inmediato. Tras ser presentados ante los tribunales competentes, los fiscales del caso imputaron a los nueve capturados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
(Con información de Blu Radio y La Opinión)
