De acuerdo con los documentos presentados ante los tribunales federales por la fiscalía, los imputados estructuraron una red internacional de extorsión motivada por el lucro ilícito. Almonte-Frías utilizaba perfiles falsos en redes sociales y servicios de mensajería para ganarse la confianza de las víctimas en Puerto Rico y persuadirlas de compartir material íntimo, el cual era capturado subrepticiamente.
Posteriormente, Díaz-Cuevas y otros co-conspiradores asumían el control de las intimidaciones, exigiendo transferencias monetarias bajo la amenaza inminente de arruinar la reputación personal y laboral de los afectados ante sus círculos cercanos.
La gravedad del esquema quedó al descubierto al comprobarse que, en múltiples ocasiones, los extorsionadores no se detenían tras recibir el dinero; por el contrario, fabricaban fotomontajes combinando las imágenes íntimas con material ilícito vinculado a menores para incrementar la presión psicológica, culminando en la distribución maliciosa de los archivos.
"La sextorsión es un delito despreciable que destruye la confianza y vulnera la intimidad de las personas. Este operativo deja en claro que aquellos que explotan la vulnerabilidad ajena serán localizados y llevados ante la justicia sin importar dónde intenten ocultarse", sentenció Héctor Ramírez-Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico.
Durante sus primeras comparecencias ante el magistrado federal Marcos E. López en San Juan, los acusados fueron informados de los delitos imputados bajo los estatutos federales de los Estados Unidos, enfrentando penas de hasta cinco años de prisión de ser hallados culpables. El fiscal adjunto Julián Radzinschi, de la División de Fraude Financiero y Corrupción Pública, lidera el procesamiento judicial.
(Con información del Departamento de Justicia de EE. UU.)
