El Congreso Nacional de Honduras mantiene paralizada la elección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) debido a la falta de consensos entre las principales bancadas. El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, afirmó que el avance del proceso está sujeto a la aprobación de reformas electorales que garanticen un mayor blindaje institucional y transparencia ante futuras crisis.
La comisión especial multipartidaria tiene como plazo definitivo el próximo 25 de mayo para presentar la nómina oficial de candidatos al pleno, en un intento por destrabar un sistema que arrastra cuestionamientos de procesos anteriores.
Las propuestas de reforma en discusión contemplan mecanismos legales para asegurar la continuidad operativa de los entes electorales, permitiendo que consejeros suplentes asuman funciones ante eventuales bloqueos internos de los partidos. Zambrano argumentó que la parálisis actual del CNE evidencia la urgencia de reestructurar la normativa para evitar el colapso de la gestión democrática.
El diputado y miembro de la Comisión Especial Evaluadora, Eder Mejía, reconoció de forma pública que las diferencias ideológicas y de cuotas de poder entre las facciones del Congreso impiden consolidar los 86 votos requeridos por ley para ratificar a los nuevos magistrados. Ante este escenario, la comisión solicitó formalmente una prórroga para extender las deliberaciones y confeccionar una lista de aspirantes que logre el respaldo mayoritario.
La Iglesia Católica intervino en el debate público exhortando a la clase política a deponer los intereses partidistas y priorizar la estabilidad democrática del país. Durante la homilía dominical en Tegucigalpa, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un llamado urgente a construir una nación más justa y transparente, alejada de las dinámicas de corrupción y confrontación que facilitan el avance del crimen organizado.
Los criterios técnicos fijados para evaluar a los finalistas incluyen la experiencia demostrada en derecho electoral, administración pública y un sólido dominio de la normativa constitucional. Analistas políticos locales coinciden en que la dilación de los nombramientos responde a una estrategia de negociación donde los partidos buscan asegurar representación directa en las mesas de escrutinio.
(Con información de EFE e Infobae)
