En el marco de la segunda jornada de campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, centró su intervención en Santiago de Compostela en uno de los principales desafíos socioeconómicos del país: la crisis habitacional.
Ante unas 8.000 personas reunidas en el pabellón multiusos Fontes do Sar, Feijóo matizó el anuncio realizado previamente en una entrevista digital sobre la supresión de carteras ministeriales, confirmando que si gana los comicios la gestión de la vivienda se elevará al rango de vicepresidencia por tratarse de "el mayor problema de España".
El líder popular subrayó que lo verdaderamente relevante no es la nomenclatura orgánica del departamento, sino el compromiso político y operativo de su futuro Ejecutivo de impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura.
Este plan habitacional se complementa con propuestas ya anunciadas, como la derogación de la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, la aprobación de una nueva normativa de suelo y la rebaja fiscal del tipo impositivo del IVA del 10% al 4% en la adquisición de la primera vivienda para menores de 40 años.
Críticas a la gestión de Sánchez y compromiso de regeneración institucional
Durante su discurso en Galicia (tierra que gobernó durante trece años al frente de la Xunta), Feijóo contrapuso su perfil de gestor con la gestión desarrollada por el Ejecutivo socialista presidido por Pedro Sánchez, a quien acusó de haber agravado el acceso a la vivienda y de acumular una década de desgaste institucional marcada por la ineficacia.
El candidato del PP calificó de "vergüenza" el balance de los sucesivos gabinetes socialistas y prometió que, si alcanza la presidencia, el primer Consejo de Ministros aprobará una auditoría integral de las cuentas y contratos de la administración central.
En materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, el dirigente popular aseguró que bajo su mandato "no habrá impunidad ni indultos para corruptos", advirtiendo que quien haya apropiado fondos públicos "lo pagará todo". Asimismo, arremetió contra las políticas de igualdad del actual Gobierno, criticando la gestión de leyes recientes y los efectos de polémicas normativas sobre el control de agresores sexuales.
