La fiscalía federal de Mendoza solicitó de manera formal la elevación a juicio oral de una compleja causa penal que mantiene bajo prisión preventiva a 34 personas, acusadas de integrar una corporación criminal de carácter transnacional dedicada al contrabando agravado de armamento de guerra y al tráfico de estupefacientes en el Cono Sur.
El requerimiento de clausura de la etapa de instrucción fue radicado este miércoles 27 de mayo por el fiscal federal Fernando Alcaraz, titular del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza (UFM). El funcionario judicial dictaminó que la investigación recopiló un volumen probatorio contundente e irreversible tras más de dos años de rigurosos operativos de inteligencia civil y militar en la frontera andina.
Los informes de la fiscalía determinaron que la organización operó de forma ininterrumpida entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, conformada por una sociedad delictiva de ciudadanos argentinos y chilenos. El organigrama técnico de la banda criminal disponía de dos jefes de operaciones radicados de manera permanente en territorio chileno, quienes se encargaban de capitalizar el financiamiento, seleccionar el tipo de material bélico y trazar las rutas internacionales. En tanto, las facciones operativas en Argentina coordinaban los depósitos transitorios y el cruce clandestino a través de la cordillera de los Andes, utilizando como principal vector logístico el Paso Internacional Cristo Redentor en la provincia de Mendoza.
La ruta del tráfico: de los mercados brasileños al Paso Cristo Redentor
El modus operandi de la red transnacional comenzaba con el desplazamiento de emisarios hacia la República Federativa de Brasil, donde adquirían cargamentos de armas cortas, fusiles y municiones en los mercados negros fronterizos. Posteriormente, los pertrechos ingresaban de manera ilegal a la provincia de Buenos Aires para su acopio, desde donde se transportaban vía terrestre hacia Mendoza. La banda utilizaba camiones de carga internacional de gran tonelaje para concretar el contrabando hacia el país trasandino; los transportistas camuflaban las pistolas, los cargadores y las balas en compartimentos ocultos fabricados en las cabinas de los vehículos, utilizando mercancías lícitas (como cargamentos de azúcar industrial) como fachada aduanera para evadir las inspecciones de los puestos fronterizos.
La caída del holding delictivo se precipitó tras tres procedimientos viales estratégicos ejecutados por las fuerzas de seguridad federales de manera escalonada. El primer quiebre ocurrió en abril de 2022 en la Ruta Nacional 7, a la altura de La Paz, cuando la Gendarmería Nacional incautó once armas y 18 cargadores ocultos en el equipaje de un pasajero que viajaba en un autobús de larga distancia. Dos semanas después, un camionero fue detenido en Uspallata con un arsenal idéntico y más de 2.000 municiones en su cabina. Finalmente, a fines de 2023, dos ciudadanos chilenos fueron interceptados por la patrulla federal en la Ruta Nacional 38, en la provincia de Tucumán, transportando ocho pistolas ocultas entre sus vestimentas en otro transporte colectivo.
Narcotráfico en Maipú y la infraestructura dual de la banda
A la par de las incautaciones en las autopistas nacionales, los allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia federal permitieron descubrir que la banda operaba un ala de distribución de narcóticos a mediana escala. En diversos inmuebles del departamento mendocino de Maipú, las brigadas antidrogas incautaron dosis fraccionadas de cocaína y marihuana, balanzas de precisión digital y libros contables de transacciones comerciales. Para el Ministerio Público Fiscal (MPF), parte de los eslabones de la organización criminal empleaba la misma infraestructura logística, los vehículos y las casas de seguridad del tráfico de armas para comercializar sustancias prohibidas, diversificando sus flujos de lavado de dinero.
Debido a esto, los 34 procesados afrontarán el tribunal de juicio bajo cargos criminales que contemplan penas de cumplimiento efectivo en recintos penitenciarios. Los imputados están acusados de los delitos de asociación ilícita en calidad de coautores, contrabando agravado de armas de fuego y municiones, acopio de armamento de guerra y tenencia ilegítima de armas de fuego, en concurso real con la infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737). La fiscalía de Mendoza ratificó que el expediente absorbió de manera unificada las actuaciones y expedientes paralelos de la Fiscalía Federal Número 12 de Buenos Aires, comandada por Alejandra Mángano, y de la fiscalía federal de Tucumán, a cargo de Agustín Chit.
(Con información de Infobae y 617 News)
