En un avance clave para la justicia en Colombia, un país sudamericano con una historia de violencia política y conflictos armados internos que han durado décadas, la Fiscalía General de la Nación ha pedido catalogar el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay como un crimen de lesa humanidad. Esta calificación, basada en estándares del derecho internacional penal como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual Colombia es signataria, implica que el delito no prescribe con el tiempo, se considera de la mayor gravedad y forma parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil.

Miguel Uribe Turbay, un prominente político de oposición afiliado al partido Centro Democrático —una formación de derecha fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y conocida por sus posturas conservadoras y críticas al actual gobierno—, fue atacado el 7 de junio de 2025 en un parque de la localidad de Fontibón, en Bogotá. Un sicario menor de edad, de 15 años, le disparó en la cabeza, dejándolo en estado crítico durante 65 días hasta su fallecimiento. El incidente ha sido calificado por las autoridades como un atentado político motivado por su rol como senador, precandidato presidencial y voz crítica contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Durante una audiencia reciente, la Fiscalía imputó cargos de homicidio agravado a cuatro implicados: alias ‘el Costeño’, señalado como el determinador material; alias ‘Claro’; alias ‘Andrea’ o ‘Gabriela’, quien habría proporcionado el arma al menor; y Cristian Camilo González, el conductor de la motocicleta usada en la huida. Además, William Fernando González, alias ‘el Hermano’, también fue formalmente acusado. Dos de los detenidos enfrentan adicionalmente el delito de concierto para delinquir, por presunta planificación organizada. Las penas por estos cargos oscilan entre 33 y 50 años de prisión.

El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia Uribe Turbay, enfatizó que este no fue un acto aislado, sino un ataque sistemático contra un líder de la oposición y su partido político, con implicaciones para la democracia colombiana. Argumentó que el crimen busca generar miedo y caos entre sectores identificados con ideales conservadores, afectando no solo a una persona sino a un grupo político entero. La familia ha exigido que se investigue a fondo para identificar al autor intelectual, ya que hasta ahora no hay rastro de quién ordenó el atentado.

Aunque el término ‘magnicidio’ no existe formalmente en el código penal colombiano, la Fiscalía lo ha utilizado para describir el caso, equiparándolo a otros asesinatos políticos históricos en el país, como los de Luis Carlos Galán en 1989 y Álvaro Gómez Hurtado en 1995, que han requerido investigaciones prolongadas y aún generan demandas de esclarecimiento. El menor sicario no puede ser imputado por homicidio debido a su edad, y está protegido bajo el Código de Infancia y Adolescencia, lo que ha generado debates sobre la necesidad de reformas legales para casos de sicariato involucrando a jóvenes.

En el contexto más amplio, Colombia genera gran parte de su agenda internacional por temas de seguridad, narcotráfico y paz tras acuerdos con grupos armados como las FARC en 2016. Este asesinato ha encendido alarmas sobre la vulnerabilidad de figuras opositoras en un entorno polarizado, con sospechas de vínculos a disidencias armadas o motivaciones políticas. La sociedad colombiana clama por justicia, y las autoridades han prometido priorizar la investigación para evitar impunidad.

Los crímenes de lesa humanidad en Colombia se definen por su magnitud y contexto: actos graves como asesinatos o persecuciones políticas, cometidos como parte de una política de ataque contra civiles, independientemente de conflictos armados. Indicadores clave incluyen la intención de causar sufrimiento a grupos específicos, como en este caso, a miembros de la oposición política.