La Fiscalía General del Estado de Ecuador presentó nuevos elementos de convicción contra José Serrano, exministro del gobierno de Rafael Correa. Durante la audiencia preparatoria de juicio, el Ministerio Público atribuyó al exfuncionario un papel determinante como financista del crimen de Fernando Villavicencio. Las evidencias presentadas buscan sustentar la apertura de la fase de juzgamiento.
La fiscal del caso, Ana Hidalgo, expuso que Serrano facilitó información de inteligencia sobre los esquemas de seguridad de la víctima. Asimismo, la investigación incorporó el señalamiento de un aporte económico directo para consumar el ataque de 2023. La teoría fiscal amplió el alcance de las acusaciones iniciales tras recabar nuevas declaraciones.
Entre los elementos presentados destaca el testimonio del testigo Lenín Vimos, quien vinculó la orden del asesinato con el exvicepresidente Jorge Glas. Según la declaración, las directivas habrían sido transmitidas al exasambleísta Ronny Aleaga, mientras Serrano asumía el financiamiento. La veracidad de la prueba será evaluada formalmente por el tribunal.
A las evidencias se sumó el testimonio de Daniel Salcedo, procesado en la misma causa por delincuencia organizada. Salcedo afirmó que Serrano coordinó la fuga de datos de la Policía Nacional sobre la agenda del candidato. El flujo de información permitió identificar los momentos de vulnerabilidad sin vehículos blindados.
La estructura acusatoria ubica a Serrano junto al prófugo Xavier Jordán como financistas e impulsadores de la logística criminal. En el esquema participaron también cabecillas de la banda Los Lobos, entre ellos alias "Pipo" y alias "Gordo Luis". La red delictiva articuló recursos económicos y contactos políticos para atentar contra el periodista.
El magnicidio de Villavicencio ocurrió a pocos días de los comicios presidenciales de 2023, conmocionando al país entero. Desde la vinculación de Serrano en 2025, las autoridades han rastreado sus redes de influencia en las instituciones estatales. La familia de la víctima mantiene el reclamo de justicia frente a presiones.
La audiencia preparatoria de juicio continuará con la revisión de las alegaciones de las partes de la causa. El juez de la causa deberá definir si existen méritos probatorios suficientes para llamar a juicio a los imputados. La resolución judicial marcará un hito en la causa penal.
(Con información de Infobae)
