El senador brasileño Flávio Bolsonaro fue intimado este lunes 26 de octubre por la Policía Federal para entregar sus pasaportes y quedó impedido de abandonar Brasil, en cumplimiento de una decisión atribuida al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
La medida llega apenas un día después de la segunda vuelta presidencial y en momentos en que Bolsonaro prepara acciones judiciales relacionadas con el proceso electoral.
🇧🇷‼️ | LO ÚLTIMO — Flávio Bolsonaro denunció que la Policía Federal le exigió la entrega de sus pasaportes y la prohibición de salir del país por orden del juez Alexandre de Moraes. Bolsonaro calificó la medida como un "abuso de poder" y una persecución política tras perder las… pic.twitter.com/CjTYlLxAGd
— UHN Plus (@UHN_Plus) October 26, 2026
Flávio confirmó que cumplirá la orden, pero rechazó con dureza sus fundamentos. El senador sostiene que nunca manifestó intención alguna de abandonar el país y cuestionó que una declaración realizada por su hermano Eduardo Bolsonaro pueda utilizarse para presumir un eventual riesgo de fuga.
“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?”, planteó el senador después de recibir la notificación.
La diferencia resulta fundamental: la declaración sobre una posible salida de Brasil no fue realizada por Flávio, sino por Eduardo Bolsonaro, quien había afirmado días antes que consideraba conveniente que su hermano dejara el país si perdía las elecciones.
Hasta este lunes, las informaciones públicas conocidas no mostraban una declaración del propio Flávio anunciando que pretendiera salir de Brasil para evitar a la Justicia.
La Policía Federal lo notificó después de visitar a Jair Bolsonaro
Flávio relató que fue notificado cuando abandonaba la residencia de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia.
Según el senador, agentes de la Policía Federal lo abordaron y le comunicaron que debía entregar tanto su pasaporte común como el diplomático y que no podría abandonar el territorio brasileño.
El candidato del Partido Liberal anunció que obedecerá la resolución y entregará los documentos dentro del plazo establecido, pero adelantó que recurrirá judicialmente.
“Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme”, señaló Bolsonaro, quien calificó la medida como una “clara tentativa de intimidación”.
El senador también cuestionó el momento de la decisión, adoptada inmediatamente después de conocerse el resultado de la elección presidencial.
Flávio planteó públicamente si la misma restricción habría sido aplicada en caso de que hubiera ganado la Presidencia, aunque esa interpretación constituye su valoración política de los acontecimientos y no un hecho acreditado.
El riesgo de fuga fue planteado por terceros, no por Flávio
Antes de la decisión, varios parlamentarios habían solicitado que la Justicia impidiera a Bolsonaro abandonar Brasil.
Entre ellos figuraron Duda Salabert, Rogério Correia y Otoni de Paula, quienes alegaron públicamente que existía riesgo de que el senador viajara al extranjero ante el avance de investigaciones judiciales.
Sin embargo, las solicitudes divulgadas públicamente no aportaron pruebas de que Flávio hubiera preparado una fuga, y algunos de esos argumentos se apoyaron en declaraciones de terceros y en las investigaciones que actualmente lo afectan.
La controversia aumentó después de unas declaraciones de Eduardo Bolsonaro, quien sostuvo el viernes 23 de octubre que su hermano debería abandonar Brasil si era derrotado.
Flávio niega haber autorizado esa afirmación o compartir ese plan.
Ese punto será previsiblemente uno de los argumentos centrales de su defensa: una declaración realizada por un familiar no equivale necesariamente a una intención atribuible jurídicamente al investigado.
La ley permite retirar el pasaporte, pero exige una decisión judicial
El Código de Proceso Penal brasileño contempla expresamente la posibilidad de impedir que una persona investigada abandone el país.
El artículo 320 establece que, cuando exista una orden judicial que prohíba salir de Brasil, las autoridades encargadas del control fronterizo deben ser notificadas y el investigado puede ser obligado a entregar su pasaporte dentro de un plazo de 24 horas.
Por tanto, la discusión no gira en torno a si existe jurídicamente este tipo de medida cautelar. Existe.
La cuestión relevante será determinar qué elementos concretos utilizó el Supremo para considerar necesaria y proporcional la restricción aplicada a Flávio Bolsonaro.
En derecho penal, una investigación no equivale a una condena y una medida cautelar tampoco establece culpabilidad.
Las investigaciones que rodean al senador
Flávio aparece actualmente vinculado a investigaciones que tramitan ante el Supremo.
Una de ellas examina posibles irregularidades relacionadas con el financiamiento de Dark Horse, una producción audiovisual sobre Jair Bolsonaro que recibió decenas de millones de reales vinculados al empresario Daniel Vorcaro.
Otra investigación se refiere a sospechas de lavado de dinero relacionadas con el abogado Willer Tomaz, amigo del senador.
La Policía Federal sostiene haber encontrado elementos que justifican investigar esa relación financiera. Flávio y Tomaz niegan haber cometido irregularidades, y las pesquisas todavía no equivalen a una determinación judicial de culpabilidad.
Precisamente por esa razón, cualquier referencia a esos procedimientos debe distinguir entre indicios investigados y delitos probados.
Flávio prepara una ofensiva judicial tras las elecciones
La restricción de viaje ocurre además en medio de una confrontación institucional mucho más amplia.
Flávio Bolsonaro anunció que recurrirá contra aspectos del proceso electoral y que pretende presentar acciones relacionadas con presunto abuso de poder político y económico.
El senador también cuestiona la controvertida decisión adoptada durante la segunda vuelta de prolongar durante dos horas la votación en determinadas secciones electorales, una intervención realizada cuando gran parte de las urnas del país ya había cerrado.
UHN Plus ya había documentado durante la campaña la creciente judicialización del proceso brasileño, incluida la intervención del Tribunal Superior Electoral en disputas relacionadas con contenidos políticos publicados en plataformas digitales.
Durante las semanas anteriores al balotaje, Flávio había convertido además la relación entre política, tribunales y libertad de expresión en uno de los ejes de su campaña.
Casi 60 millones de brasileños votaron por Flávio Bolsonaro
La decisión judicial afecta a un senador en ejercicio que acaba de recibir 59,8 millones de votos en una elección presidencial extraordinariamente polarizada.
Ese respaldo no coloca a ningún dirigente por encima de la ley, pero tampoco elimina las garantías procesales que corresponden a cualquier investigado.
La fortaleza de las instituciones no depende solamente de su capacidad para investigar a figuras poderosas. Depende también de que las medidas restrictivas puedan ser justificadas mediante hechos concretos, criterios jurídicos verificables y proporcionalidad.
En este caso, la pregunta central es sencilla: si Flávio nunca dijo que pretendía abandonar Brasil, ¿qué evidencia concreta llevó al Supremo a concluir que existía un riesgo suficiente para retirarle los pasaportes?
La respuesta completa dependerá del contenido de la decisión de Moraes y de los elementos incorporados a los procedimientos judiciales.
Flávio, por su parte, ha dejado claro que permanecerá en Brasil, entregará los documentos y continuará su batalla política y judicial.
“Nadie va a callarme”, afirmó.
El episodio abre así otro capítulo de la confrontación entre Bolsonaro y sectores del Poder Judicial brasileño, esta vez después de una campaña presidencial marcada precisamente por el debate sobre los límites del poder de las instituciones y el alcance de las libertades políticas.
