Brasil llega a la segunda vuelta del 25 de octubre con una pregunta de fondo: si quiere cuatro años más del mismo modelo o un cambio de rumbo. Los electores ya dieron una primera señal. Según el Tribunal Superior Electoral, el senador Flávio Bolsonaro (PL) obtuvo el 4 de octubre 56,1 millones de votos, el 47,03% de los válidos, frente al 45,16% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
La ventaja es estrecha y nada está decidido. La última encuesta de Datafolha, realizada el 13 y 14 de octubre, situaba a Flávio con el 47% frente al 45% de Lula, un empate técnico dentro del margen de error. Por eso conviene detenerse en los argumentos.
Un balance fiscal que pesa sobre las familias
El primer argumento es económico. Según datos del Banco Central recogidos por O Globo, la deuda bruta del gobierno general alcanzó el 82,9% del PIB en agosto, su octava subida consecutiva y el nivel más alto desde marzo de 2021. Desde que Lula asumió, el indicador ha aumentado 11,2 puntos porcentuales. El propio Tesoro, en su Informe de Proyecciones Fiscales, prevé que la deuda siga subiendo hasta el 87,9% del PIB en 2029.
Esa trayectoria es el resultado de una apuesta por el gasto público como motor del crecimiento, una idea coherente con un partido que se define como socialista democrático. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, los intereses suben y el crédito se encarece. Quien paga la cuenta es el emprendedor que no consigue financiación y el trabajador que ve cómo la inflación se come su salario.
Frente a eso, Flávio plantea desregulación y una economía más abierta, con la meta de llevar a Brasil al grupo de las siete mayores economías del mundo. Es una promesa ambiciosa y habrá que juzgarla por los resultados. Pero parte del diagnóstico correcto: la riqueza la crean los ciudadanos y las empresas, no la burocracia.
El fraude que golpeó a los jubilados
El segundo argumento es moral. En abril de 2025, la Policía Federal y la Contraloría General de la Unión destaparon con la Operación Sin Descuento un esquema de descuentos no autorizados sobre jubilaciones y pensiones que, según las estimaciones oficiales, podría llegar a 6.300 millones de reales entre 2019 y 2024. El escándalo le costó el cargo al presidente del INSS, Alessandro Stefanutto, y al entonces ministro de Previsión Social, Carlos Lupi.
Las irregularidades empezaron antes de este gobierno, pero se dispararon durante él: según la CGU, las mensualidades cobradas por las entidades pasaron de 413 millones de reales en 2016 a 2.800 millones en 2024. En julio de 2026, la PF acusó formalmente a 48 personas, entre ellas Stefanutto. En el Congreso, la comisión parlamentaria de investigación cerró sin aprobar su informe final: la mayoría rechazó el texto del relator Alfredo Gaspar, hoy compañero de fórmula de Flávio. Fueron los más vulnerables quienes pagaron mientras fallaban los controles que debían protegerlos.
Un historial que no se borra
A eso se suma la historia del PT con la corrupción. El Mensalão, la compra de apoyos parlamentarios durante el primer mandato de Lula, terminó con condenas a dirigentes del partido. El Petrolão, la red de sobornos en Petrobras destapada por la Lava Jato, se convirtió en el mayor escándalo de la historia del país.
Hay que ser precisos con lo que pasó después. Lula no fue absuelto. En abril de 2021, el Supremo Tribunal Federal confirmó la anulación de sus condenas porque el juzgado de Curitiba no era competente para juzgarlo. Fue una decisión sobre la jurisdicción, no sobre el fondo de los hechos, y gracias a ella el actual presidente recuperó sus derechos políticos.
Los hechos incómodos, sin rodeos
Un argumento serio no esconde lo que molesta. Durante años Flávio estuvo bajo sospecha por las llamadas "rachadinhas", la supuesta apropiación de salarios de sus asesores en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. En 2021, el Superior Tribunal de Justicia anuló las pruebas porque el juez de primera instancia no era competente. En mayo de 2022, el Tribunal de Justicia de Río, a petición de la propia Fiscalía, rechazó la denuncia por falta de base, aunque dejó abierta la posibilidad de reabrir la investigación. Flávio nunca fue condenado. Del mismo modo, su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple condena en prisión domiciliaria por la trama golpista, una pena que el Congreso redujo en mayo.
La vara de medir tiene que ser la misma para todos. Si una decisión sobre la competencia del tribunal le basta al PT para declarar inocente a Lula, también debe contar cuando beneficia a Flávio.
Seguridad y Estado de derecho
El tercer argumento es el que más preocupa en las calles. En el debate de Band, Flávio propuso penas de hasta 80 años para los cabecillas del crimen organizado y una política exterior alineada con democracias como Estados Unidos y Argentina, lejos de la cercanía del PT con Caracas y Managua. Recuperar el control de los territorios que hoy dominan las facciones criminales es la condición para que exista libertad económica.
Flávio Bolsonaro no es un candidato perfecto; ninguno lo es. Pero frente a una deuda que no deja de crecer, un fraude que se ensañó con los jubilados y un modelo que confía más en el Estado que en el ciudadano, representa la opción más coherente con el orden, la responsabilidad fiscal y la libertad. El domingo, los brasileños tienen la oportunidad de cambiar de rumbo.
