En un evento en Río de Janeiro, el hijo mayor de Jair Bolsonaro afirmó que Brasil requiere medidas firmes para desarticular a las organizaciones criminales. Destacó que en El Salvador la tasa de homicidios cayó bajo un enfoque de severidad penal. Su propuesta incluye establecer una pena mínima de 20 años por pertenecer a una facción delictiva.
El parlamentario cuestionó la gestión de seguridad de Lula da Silva y presionó por la sanción de la nueva "ley antifacción". Esta normativa eleva las condenas máximas hasta los 66 años en casos de ataques con explosivos o reclutamiento de menores. También impone que los líderes criminales cumplan sus sentencias en presidios federales de máxima seguridad.
La iniciativa busca eliminar la libertad temprana mediante progresiones de pena mucho más rígidas. Según el texto, los delincuentes peligrosos deberían cumplir hasta el 85 % de su condena antes de acceder a beneficios. Flávio Bolsonaro señaló que el presidente tiene hasta el 24 de marzo para decidir si veta o sanciona esta ley.
Actualmente, Flávio Bolsonaro aparece empatado con Lula en los sondeos de intención de voto para octubre de 2026. Su discurso se centra en la seguridad pública frente al avance del crimen organizado en las ciudades. Los datos de la firma Quaest muestran a ambos candidatos con un 41 % de los apoyos en segunda vuelta.
La propuesta permite el decomiso definitivo de bienes de los procesados desde la fase inicial de investigación. El objetivo técnico es asfixiar financieramente a las bandas y retirar recursos de sus estructuras operativas. Esta medida forma parte del endurecimiento general que la oposición ha introducido en el proyecto de ley original.
La ley antifacción representa un cambio en la legislación brasileña al priorizar el aislamiento total de los reincidentes. El senador insiste en que la desarticulación de las cúpulas solo es posible con penas ejemplares y sin comunicación externa. El texto legal espera ahora la firma presidencial para su entrada en vigor definitiva.
