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Francia abre causa penal por el mal uso de gafas inteligentes en casos de acoso sexual

Las autoridades francesas investigan el registro y publicación de imágenes de mujeres en espacios públicos sin su conocimiento, mientras empresas solicitan evaluar su prohibición en entornos laborales

Francia abre causa penal por el mal uso de gafas inteligentes en casos de acoso sexual
Photo by Luismi Sánchez / Unsplash

La Fiscalía de París anunció el inicio de una investigación penal por presunto acoso sexual vinculado al uso de gafas inteligentes para grabar a personas sin su consentimiento en la vía pública. La medida judicial responde a la propagación de un reto viral en redes sociales donde usuarios registran discretamente a mujeres en espacios públicos para posteriormente divulgar los metrajes en plataformas digitales. La unidad especializada en ciberdelincuencia de la fiscalía realizó pruebas técnicas con estos dispositivos para tipificar los posibles delitos asociados a su capacidad de captura audiovisual inadvertida.

El despliegue de esta tecnología está encabezado por las gafas desarrolladas por Meta en alianza con EssilorLuxottica, las cuales dominan el 76% de la cuota global del sector. Equipadas con cámaras integradas e inteligencia artificial, estos visores alcanzaron ventas de siete millones de unidades el año pasado y registran un ritmo de distribución acelerado. Aunque los dispositivos incorporan un indicador luminoso que se activa al momento de grabar, se advierte que eso no otorga explícitamente el permiso de la persona que está siendo grabada.

Ante el incremento de casos, la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia (CNIL) confirmó la recepción de denuncias formales por uso no autorizado de esta tecnología en el ámbito laboral, revelando un incremento en las consultas corporativas que evalúan la posibilidad de prohibir su ingreso a los centros de trabajo. En paralelo, países como Australia sopesan vetar el uso de visores inteligentes con cámara integrada en dependencias gubernamentales por motivos de seguridad institucional y protección de datos, un marco normativo que en el territorio comunitario se rige bajo la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Pese a que el código penal francés estipula sanciones de hasta un año de prisión y multas de 45.000 euros por capturar imágenes no autorizadas en espacios privados, la efectividad para juzgar estos hechos en la vía pública enfrenta trabas operativas dada la inmediatez con la que los contenidos se viralizan en Internet.


(Con información de Reuters)

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