La presidente de Perú, Keiko Fujimori, defendió públicamente su decisión de solicitar facultades legislativas especiales al Congreso de la República para ampliar los plazos legales de detención aplicados a los migrantes en situación irregular. La medida busca otorgar un margen temporal mayor a las fuerzas policiales para completar los expedientes administrativos y ejecutar las órdenes de deportación hacia sus países de origen, principalmente Venezuela, antes de que los intervenidos deban ser puestos en libertad.
Durante una entrevista concedida a la emisora local Exitosa, la jefa de Estado confirmó haber abordado esta estrategia de control migratorio con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de su reciente visita oficial a la capital peruana. Paralelamente, Fujimori formalizó la incorporación de Perú al "Escudo de las Américas", una iniciativa multilateral contra el crimen organizado impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, orientada a fortalecer el intercambio de inteligencia y la rastreabilidad de líderes criminales transfronterizos.
"Necesitamos facultades legislativas para poder ampliar este periodo en el momento que están detenidos, para luego expulsarlos y que regresen a Venezuela. Con la entrada al Escudo de las Américas sabremos perfectamente dónde están los criminales que no respetan fronteras", sostuvo Fujimori.
La mandataria exhortó a ambas cámaras del Parlamento peruano a dar un trámite preferente y celeridad al debate parlamentario sobre la delegación de facultades. Según el Ejecutivo, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Policía Nacional y la obtención de estas herramientas normativas permitirán acortar los tiempos de respuesta y acelerar la captura de cabecillas de organizaciones ilícitas que operan en diversas regiones del país.
Las iniciativas de control migratorio y endurecimiento penal forman parte del núcleo programático del Ejecutivo tras la asunción de Fujimori. La administración peruana sostiene que ya se encuentra operando al límite de los recursos legales vigentes, por lo que considera indispensable el aval del Legislativo para habilitar detenciones preventivas más prolongadas y desplegar operativos militares de fiscalización continua en los pasos fronterizos del país.
(Con información de Monitoreamos y El Demócrata)
