El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto con los miembros del Gabinete estatal, aprobó la inclusión de más de 90 agrupaciones en la nómina oficial de organizaciones terroristas. La decisión abarca tanto a movimientos con presencia en suelo estadounidense (entre ellos el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), la Hermandad Musulmana y el grupo Antifa) como a estructuras criminales internacionales ya señaladas a nivel federal, como el Tren de Aragua, carteles del narcotráfico y la Guardia Revolucionaria de Irán.
La determinación gubernamental atiende a los informes técnicos y expedientes elaborados por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), los cuales detallan los antecedentes, nexos ideológicos e investigaciones previas relacionadas con los colectivos incorporados a la lista. Desde la perspectiva de las autoridades estatales, la clasificación responde a la necesidad de contar con mecanismos normativos claros para evitar que entidades con historiales cuestionables o vinculaciones extremistas operen con respaldo del aparato público.
La resolución del Gabinete ejecuta los lineamientos establecidos en la ley HB 1471, ratificada por la Legislatura de Florida para salvaguardar la integridad de las instituciones del estado. La norma inhabilita legalmente a cualquier persona u organización que preste apoyo material a estos grupos para recibir contratos, subvenciones, empleo o financiamiento proveniente de agencias gubernamentales, condados o municipios. En el terreno académico, el texto normativo prohíbe el uso de fondos públicos en programas universitarios que promuevan a estas entidades e impide que escuelas asociadas participen en los programas de becas escolares del estado.
Con la aprobación de las regulaciones por parte de las autoridades administrativas, la aplicación plena de las restricciones y salvaguardas legales queda fijada para el próximo 5 de noviembre. La medida consolida la postura del gobierno de Florida de aplicar un enfoque riguroso de tolerancia cero hacia agrupaciones asociadas a conductas de riesgo, garantizando que la estructura presupuestaria y educativa de la entidad no sirva de plataforma para causas radicalizadas.
(Con información de CBS y Florida Phoenix)
