El presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella, declaró insubsistentes los nombramientos de cinco embajadores en ejercicio que omitieron presentar su renuncia protocolaria. La medida se enmarca dentro del proceso de transición institucional correspondiente al inicio del nuevo mandato presidencial, momento en el cual tradicionalmente los diplomáticos acreditados en el exterior ponen sus cargos a disposición del jefe de Estado para facilitar la conformación del equipo de política internacional.
A diferencia de la amplia mayoría del cuerpo diplomático que presentó su dimisión voluntaria, este grupo de funcionarios decidió mantenerse en sus puestos sin presentar la renuncia formal. Ante esta coyuntura, el mandatario procedió a hacer uso de las atribuciones constitucionales y legales que le confiere el cargo para apartar de sus funciones a los representantes en misiones clave situadas en Europa, el Caribe, Suramérica y Asia Occidental.
Los actos administrativos de remoción alcanzan a Guillermo Francisco Reyes González, embajador ante el Gobierno del Reino de Suecia; Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora en la República de Haití; Yennifer Edilma Parra Moscoso, embajadora en la República de Turquía; Juan Manuel Corzo Román, embajador en la República del Paraguay; y William Sidney Bush Howard, embajador en Trinidad y Tobago. Todos ellos cesarán en sus funciones tan pronto como concluya la notificación ejecutiva de los decretos respectivos.
Desde el Poder Ejecutivo y la Cancillería se precisó que estos movimientos forman parte del uso habitual de las potestades del presidente en materia de relaciones internacionales. La determinación gubernamental responde al propósito explícito de reorganizar la representación del país en el extranjero, asegurando que la política exterior sea ejecutada con unidad, coherencia y en alineación directa con los objetivos de la nueva administración.
Entre los diplomáticos declarados insubsistentes destaca de manera particular el caso de la embajadora en Haití, Vilma Rocío Velásquez Uribe, quien acumulaba serios cuestionamientos en su gestión. Velásquez había sido suspendida previamente por la Procuraduría General de la Nación por participación en política, sumado a un proceso disciplinario interno en la Cancillería por presuntas inconsistencias en el manejo de 500.000 dólares en la embajada que permanecen sin justificación ni legalización.
Para evitar la paralización de las actividades consulares y la atención a los connacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores asumió la coordinación técnica de las sedes involucradas y designará encargados de negocios de manera temporal. El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará el proceso logístico para el retorno al país de los funcionarios salientes, así como el empalme con el personal designado en cada una de las misiones.
(Con información de Revista Semana y El Colombiano)
