La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, arremetió contra la decisión de un tribunal de Turín que otorgó la libertad condicional a un ciudadano bangladesí de 42 años, arrestado por agredir sexualmente a una niña de 13 años dentro de un minimercado. La resolución judicial, emitida apenas 48 horas después de la detención del sospechoso, ha desatado una profunda conmoción social y ha reabierto la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el estamento judicial sobre el abordaje de los delitos de violencia e inmigración.
Meloni cuestionó abiertamente los criterios aplicados por la magistratura para dejar sin efecto la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. La jefa de Gobierno subrayó que tanto las fuerzas policiales como el Ministerio Público actuaron con celeridad para detener al sospechoso e instruir la causa, pero lamentó que el marco de protección ciudadana se viera truncado por el dictamen del juez de instrucción.
"¿Quién se lo explica a esa familia? ¿Quién se lo explica a ese barrio, que esta noche sabe que ese hombre está otra vez allí?. Las leyes las hemos escrito y son más severas que nunca. Nosotros seguimos adelante. Normas, hombres, medios, recursos. Hasta el final. Pero así es realmente difícil", afirmó Meloni antes de trasladar su total solidaridad a la víctima y a su entorno.
Los hechos acontecieron el pasado sábado en la periferia norte de Turín, cuando la menor acudió al establecimiento comercial para comprar alimentos. Según la reconstrucción policial sustentada en grabaciones de las cámaras de seguridad, el acusado acorraló y agredió sexualmente a la víctima en el interior del local. Tras lograr escapar, la menor caminó unos metros y se desplomó: "Ya no podía moverme, me sentía asqueada, con náuseas", relató tras comunicarse con su madre. Las imágenes analizadas por los investigadores revelaron además que el hombre había abordado de forma violenta a otra cliente unos 40 años minutos antes del ataque a la niña.
A pesar de reconocer la existencia de graves indicios de culpabilidad y admitir un peligro concreto y actual de reincidencia, el magistrado desestimó la medida cautelar de cárcel solicitada por el fiscal Paolo Cappelli. El juez justificó la excarcelación argumentando la ausencia de antecedentes penales del imputado, su actitud colaborativa al entregar las grabaciones del comercio y la "resipiscencia" o arrepentimiento manifestado durante el interrogatorio, donde el acusado afirmó haber cometido "un error". En su lugar, se le impuso únicamente la obligación de comparecencia diaria ante las autoridades para firmar.
La polémica motivó la intervención inmediata del ministro de Justicia, Carlo Nordio, quien anunció el envío urgente de inspectores al Tribunal de Turín.
"Observo que la decisión del juez de instrucción preliminar entra en el ámbito de la autonomía e independencia del poder judicial, cuestiones en las que no puedo ni debo interferir. No obstante, dada la naturaleza excepcional del caso y la alarma social que ha provocado, he ordenado el envío de inspectores para recopilar todas las valoraciones pertinentes", precisó el titular de la cartera de Justicia.
Paralelamente, miembros del Consejo Superior de la Magistratura como Claudia Eccher e Isabella Bertolini evaluaron la apertura de expedientes disciplinarios:
"Si bien reafirmamos nuestro pleno respeto por la autonomía e independencia del Poder Judicial, no podemos ignorar el profundo desconcierto que provocan decisiones de esta índole", advirtieron, mientras el viceprimer ministro Matteo Salvini reiteró su exigencia de aplicar la castración química a los agresores sexuales.
(Con información de La Gaceta de la Iberosfera y La Nación)
