Google aceptó la creación de un fondo de 135 millones de dólares para compensar a cerca de 100 millones de usuarios en Estados Unidos, exceptuando a los residentes del estado de California. La demanda colectiva sostiene que el sistema operativo Android transmitió datos móviles de forma secreta, incluso cuando los dispositivos se encontraban sin actividad aparente.
El acuerdo judicial incluye a todas las personas que utilizaron dispositivos Android para navegar por internet mediante redes celulares, en el periodo comprendido entre noviembre de 2017 y la actualidad. Los afectados recibirán notificaciones personalizadas por correo postal o electrónico, las cuales contendrán los códigos necesarios para gestionar el cobro de su compensación.
Aunque el monto máximo fijado por persona es de 100 dólares, la cifra final dependerá del número total de reclamantes y de las deducciones por costos administrativos y honorarios legales. El tribunal del Distrito Norte de California supervisará que el dinero sobrante sea redistribuido entre los beneficiarios o donado, garantizando que no regrese a la empresa.
La acción legal, iniciada originalmente en 2020, alegó que Google obligaba a los usuarios a subsidiar su propia vigilancia mediante la transmisión de información en tiempo real, lo que generaba un consumo involuntario de datos. La tecnológica rechazó las acusaciones durante el proceso, pero optó por el acuerdo para finalizar el litigio de manera definitiva.
Como parte de las condiciones impuestas por la justicia, la multinacional deberá modificar los términos de servicio de Google Play y su sistema de consentimientos, aclarando qué información se transmite y bajo qué circunstancias técnicas. Estos cambios buscan ofrecer mayor transparencia sobre el uso de datos móviles y la configuración de privacidad en los terminales.
El fondo de compensación enfrentará recortes significativos, incluyendo un 29,5% destinado a honorarios de los abogados y premios especiales para los demandantes principales que impulsaron la causa. Los usuarios no necesitan realizar acciones adicionales para ser incluidos, a menos que deseen actualizar sus datos de contacto o seleccionar un método de pago específico.
Los interesados tienen como fecha límite el 29 de mayo de 2026 para presentar objeciones al acuerdo o solicitar su exclusión voluntaria del proceso judicial. La audiencia final para la aprobación definitiva de los pagos está programada para el 23 de junio, momento en el que se validarán las condiciones pactadas entre las partes.
Finalmente, los pagos electrónicos y transferencias se ejecutarán únicamente después de que la sentencia sea firme y se resuelvan todas las posibles apelaciones legales pendientes. Esta resolución marca un precedente en la regulación de la privacidad de datos en dispositivos móviles, obligando a las grandes tecnológicas a revisar sus políticas de recolección automática.
