Rafael Grossi, director del OIEA, confirmó que los ataques contra Isfahán, Natanz y Fordow causaron "enormes daños" al programa nuclear de Teherán. Sin embargo, el diplomático argentino advirtió que persisten elementos no destruidos que mantienen viva la amenaza. Según Grossi, lo aprendido por el régimen no se puede borrar, permitiéndoles mantener sus capacidades estratégicas.
El organismo internacional estima que el uranio enriquecido almacenado en Isfahán alcanzaría para fabricar más de diez armas nucleares. Grossi subrayó que el material alcanzó un grado de sofisticación muy preocupante, quedando a un paso técnico de la conversión bélica. "La idea de un derecho per se al enriquecimiento no existe", sentenció el candidato a la ONU.
Ante la escalada, la administración de Donald Trump presentó un plan de quince puntos que exige el desmantelamiento total de los sitios nucleares. El gobierno estadounidense demanda la detención total del enriquecimiento y la entrega de todas las reservas de uranio. Irán intenta defender sus actividades bajo una supuesta soberanía supervisada que Washington rechaza tajantemente.
Grossi planteó que una solución negociada podría incluir una moratoria temporal de varios años para construir confianza. Para el director, un acuerdo internacional es la única garantía real frente a la proliferación, superando la eficacia de cualquier acción militar aislada. "Un ataque no asegura la destrucción total ni la no proliferación", explicó durante la entrevista.
El diplomático describió a los negociadores iraníes como interlocutores racionales que defienden sus intereses con firmeza. A pesar de los bombardeos, Irán domina la fabricación de centrifugadoras, lo que permitiría reconstruir su programa en talleres dispersos. Esta resiliencia tecnológica es lo que más inquieta a los servicios de inteligencia occidentales actualmente.
Respecto a la legalidad del conflicto, Grossi evitó juicios académicos y recordó que el rol de la ONU es resolver problemas concretos. Afirmó que el debate debe centrarse en imponer un cese total del enriquecimiento o una supervisión extremadamente rigurosa. La última inspección profunda se realizó hace casi un año, antes de los incidentes recientes.
La comunidad internacional aguarda una desescalada que frene la carrera armamentista en el Golfo frente al estado terrorista. Mientras Estados Unidos e Israel mantienen la presión, el OIEA intenta recuperar el acceso total a las instalaciones para inventariar el daño. El futuro de la seguridad regional depende ahora de la capacidad de imponer un acuerdo verificable.
