En un giro estratégico de gran envergadura para la seguridad regional, el gobierno de Guatemala pactó formalmente la realización de operaciones militares conjuntas con los Estados Unidos para combatir de manera frontal a los cárteles de la droga dentro de su propio territorio. Fuentes familiarizadas con las negociaciones de alto nivel confirmaron que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, ratificó los términos del acuerdo de cooperación bélica durante una conversación telefónica directa con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.
Con la firma de este convenio de seguridad nacional, Guatemala se convierte en la segunda nación del hemisferio en autorizar el despliegue de tropas norteamericanas en misiones de combate interno, replicando el exitoso modelo implementado previamente en Ecuador. El renovado enfoque de la Casa Blanca, coordinado por el asesor de seguridad Stephen Miller y el subsecretario Joseph Humire, forma parte de la Coalición Anticarteles de las Américas, un bloque que ya agrupa a casi 20 naciones decididas a erradicar el crimen organizado.
El despliegue masivo de activos del Pentágono responde a la promesa del presidente Donald Trump de utilizar el poderío de sus fuerzas armadas para "erradicar los cárteles criminales que plagan nuestra región" mediante una guerra convencional. La estrategia de Washington contempla ejercer una fuerte presión geopolítica sobre Honduras y, de manera ulterior, forzar al gobierno de México a abandonar su política de pasividad frente al narcotráfico para que acepte incursiones bilaterales.
La efectividad de la campaña antidrogas liderada por el Pentágono se ha visto respaldada por la ejecución de 58 operaciones de interdicción de alta intensidad contra embarcaciones sospechosas en aguas del Caribe y el Pacífico, las cuales han neutralizado a cerca de 200 presuntos narcotraficantes desde finales del año pasado. Para aceitar la maquinaria de la nueva alianza con Guatemala, oficiales del ejército centroamericano fueron adiestrados recientemente a bordo del portaaviones USS Nimitz, al tiempo que tropas de élite estadounidenses desembarcaron en suelo guatemalteco para homologar los protocolos de comunicaciones y asalto.
No obstante la contundencia de la ofensiva, sectores jurídicos y exdiplomáticos de la vieja escuela de Washington han manifestado reservas sobre los riesgos legales y la doctrina de "bajas en combate" aplicada a redes delictivas. Analistas como Brian Finucane advirtieron entre comillas que "dependiendo de los hechos, otros ataques podrían equivaler a asesinatos premeditados al margen de un conflicto armado", alertando que los oficiales de rangos inferiores podrían enfrentar consecuencias legales a nivel internacional una vez concluidos los mandatos actuales.
(Con información de Infobae y The New York Times)
