La Secretaría de Finanzas de Honduras anunció el inicio de un paquete de medidas fiscales. La decisión central de la administración del presidente Nasry Asfura consiste en la subasta pública del avión presidencial, una aeronave Embraer Legacy 600, cuyos ingresos serán destinados prioritariamente a la optimización y el fortalecimiento del sistema energético del país, un sector que hoy requiere inversiones superiores a los 600 millones de dólares para garantizar su eficiencia y sostenibilidad.
El proceso de enajenación de la aeronave, que ya cuenta con siete oferentes interesados en la puja nacional e internacional, se desarrolla en la sede de la Fuerza Aérea Hondureña con estrictos protocolos de transparencia. La Secretaría de Finanzas, liderada por Emilio Hernández Hércules, ha enfatizado que este movimiento forma parte de un complejo rompecabezas financiero diseñado para sanear las arcas públicas.
De manera complementaria a la subasta, el Gobierno hondureño ha confirmado la colocación de bonos en el mercado nacional e internacional, con un techo máximo de 16.000 millones de lempiras. Estos recursos, bajo una estrategia de deuda responsable, serán utilizados principalmente para cancelar las abultadas deudas acumuladas con los generadores de energía. El titular de Finanzas aclaró que, aunque este decreto legislativo no constituye una solución definitiva para las pérdidas de la ENEE, sí representa un alivio financiero crucial para la estabilidad operativa de la estatal eléctrica.
La estrategia de saneamiento también abarca el respaldo institucional a organismos como el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), buscando mejorar el acceso al crédito para los productores nacionales mientras se mantienen los mecanismos de auditoría frente a la mora existente. Este reordenamiento de las prioridades estatales coincide con el regreso al país del expresidente Juan Orlando Hernández, programado para el 26 de julio. Tras haber sido indultado por el presidente Donald Trump el año pasado, el exmandatario retornará a Honduras para enfrentar un proceso administrativo local.
(Con información de El Diario de El Salvador e Infobae)
