En una respuesta diplomática contra la intensificación del autoritarismo en Asia, una alianza de diez democracias occidentales emitió un comunicado conjunto para condenar la sentencia de 10 años de prisión impuesta contra el líder prodemocracia Joshua Wong por los tribunales de Hong Kong.
El veredicto dictado este jueves aplica un nuevo cargo de supuesta colusión con entidades extranjeras al amparo de la controvertida Ley de Seguridad Nacional (LSN) impuesta por el régimen de Pekín en 2020. Wong, quien permanece encarcelado de manera ininterrumpida desde hace cuatro años, ha utilizado vías pacíficas para denunciar la erosión de las libertades civiles en la excolonia británica.
La declaración internacional, suscrita por los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Australia, Canadá, Italia, Japón, los Países Bajos y Nueva Zelanda, califica el procedimiento de persecución política e insta a las autoridades comunistas de China y a la administración local a cumplir los compromisos suscritos en la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984.
Ante la postura del bloque democrático, la embajada de China en Londres emitió una protesta contra el Gobierno británico, acusando a las potencias occidentales de interferir en sus asuntos internos y de encubrir a supuestos criminales. Sin embargo, las cancillerías aliadas reiteraron que la instrumentalización de la Ley de Seguridad Nacional busca desmantelar la participación ciudadana y encarcelar a figuras disidentes, como ocurrió meses atrás con la cúpula de la Alianza de Hong Kong.
Infracción de compromisos internacionales y persecución política en Hong Kong
El fallo dictado contra Joshua Wong evidencia el uso del aparato judicial en Hong Kong como herramienta de represión contra la disidencia política y la libertad de expresión. La imputación del delito de colusión con fuerzas extranjeras busca aislar el movimiento democrático local e inhabilitar a los liderazgos que han denunciado el incumplimiento de la fórmula "un país, dos sistemas".
Los términos de la condena contravienen de forma directa las cláusulas de la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984, tratado internacional registrado ante las Naciones Unidas que garantizaba la preservación del sistema legal, las libertades fundamentales y la autonomía judicial del territorio hasta el año 2047.
(Con información del Consulado General de Estados Unidos en Hong Kong)
