El diputado del Parlamento Europeo, Jordan Bardella utilizó sus redes sociales para denunciar lo que considera una política "permisiva" del Ejecutivo socialista español, advirtiendo que, una vez regularizados, estos cientos de miles de inmigrantes podrán circular libremente por todo el territorio europeo y establecerse en Francia. El líder francés subrayó que la libre circulación debería restringirse, a largo plazo, exclusivamente a los ciudadanos de origen europeo, protegiendo así la identidad y los recursos de las naciones soberanas frente a decisiones unilaterales que imponen cargas migratorias a los países vecinos.
🇫🇷🇪🇸‼️ | El líder conservador francés, Jordan Bardella, ha arremetido contra el gobierno socialista español tras el anuncio de regularización masiva de más de 500.000 inmigrantes, calificando la medida como la más "laxista" de Europa. Según Bardella, esta decisión no solo… pic.twitter.com/TUO51pDYuH
— UHN Plus (@UHN_Plus) April 14, 2026
La crítica de la derecha francesa coincide con las graves dudas que el Consejo de Estado español planteó sobre el Real Decreto aprobado este martes. El órgano consultivo advirtió sobre peligrosas "lagunas jurídicas" en el texto original, obligando al Gobierno de Sánchez a incluir a última hora la exigencia de carecer de antecedentes penales. Para los sectores conservadores independientes, esta rectificación forzada demuestra la improvisación de una medida que pone en riesgo la seguridad pública al intentar legalizar de golpe a una población cuya trayectoria y antecedentes son, en gran medida, imposibles de verificar con rigor.
“Esta decisión cínica debería conducir a la suspensión de Schengen y a restringir la libre circulación exclusivamente a los ciudadanos europeos”, sentenció Bardella.
El despliegue burocrático para ejecutar este "regalo" legal también ha generado indignación. El Ministerio de Inclusión, encabezado por Elma Saiz, ha anunciado la contratación de 550 profesionales extra y la habilitación de 450 oficinas, incluyendo sedes de Correos y Extranjería, para procesar la avalancha de solicitudes. Sin embargo, el Ejecutivo ha evitado especificar el coste total de este operativo para el contribuyente, ocultando el impacto económico de una medida que saturará aún más una administración pública ya desbordada.
