La justicia de los Estados Unidos ha levantado un muro infranqueable para evitar que la defensa de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, filtre información sensible a los miembros de su red criminal que aún permanecen prófugos. Este martes, el juez Alvin Hellerstein, de la corte del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó que el material de divulgación del caso no podrá ser compartido con ningún coacusado que no haya sido capturado, ni con sus respectivos abogados. La orden responde a los graves "riesgos" señalados por la Fiscalía para la seguridad de los testigos y la preservación de las pruebas.
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— UHN Plus (@UHN_Plus) April 7, 2026
El juez federal, Alvin Hellerstein, denegó la solicitud de la defensa de los criminales Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores para compartir información probatoria con otros coacusados en la causa. La resolución confirma la postura de la fiscalía, que busca… pic.twitter.com/HD3RTz4WrN
El magistrado rechazó de plano los argumentos de los defensores del depuesto dictador, quienes sostenían que restringir el acceso a estas evidencias "maniataba" su capacidad investigativa. Hellerstein fue tajante al afirmar que "no es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa", priorizando la protección de quienes han colaborado con las autoridades estadounidenses para desmantelar el entramado de narcotráfico que operaba desde el Palacio de Miraflores. Con esta acción, el tribunal impide que la cúpula chavista que aún evade la ley pueda conocer de antemano las cartas de la Fiscalía.
“El material de divulgación no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento”, sentenció el juez Hellerstein en su resolución de este 7 de abril.
El proceso contra el matrimonio Maduro-Flores, recluidos en una prisión de Brooklyn desde su captura el pasado 3 de enero, avanza hacia un juicio histórico por narcoterrorismo. La orden de protección emitida este martes deja fuera del acceso a las pruebas a figuras clave del régimen y a líderes de organizaciones criminales aliadas que la justicia estadounidense tiene en la mira. Para el Ministerio Público, permitir que Maduro consultara con estos individuos equivaldría a entregar una hoja de ruta de la investigación a quienes han demostrado ser una amenaza para la seguridad hemisférica.
Durante la comparecencia, el juez también mantuvo su negativa de desestimar los cargos principales, confirmando que la acusación por inundar Estados Unidos con cocaína (en alianza con grupos terroristas) tiene fundamentos legales sólidos. Mientras la defensa intenta utilizar las sanciones económicas como pretexto para alegar dificultades financieras, el tribunal mantiene un ritmo implacable, asegurando que el proceso no se vea entorpecido por las maniobras dilatorias de los acusados.
