El Presidente de Chile, José Antonio Kast, promulgó desde el Palacio de La Moneda la ley que modifica el Código Procesal Penal para ampliar los plazos de flagrancia y dotar a las instituciones policiales de mayores facultades en las primeras diligencias investigativas. La ceremonia contó con la asistencia de los ministros Claudio Alvarado, José García Ruminot y Fernando Rabat, así como de las máximas autoridades de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.
La iniciativa, originada en el Senado en diciembre de 2023 y ratificada tras un informe de Comisión Mixta y la revisión del Tribunal Constitucional, extiende de 12 a 24 horas el margen legal de detención flagrante para Carabineros y la PDI. Asimismo, otorga un plazo de hasta 48 horas cuando la intervención sea efectuada por la Autoridad Marítima en zonas rurales, remotas o de difícil acceso, manteniendo el límite de 12 horas para el resto de los funcionarios habilitados.
"Este es un paso adicional para un Chile más seguro, que va enmarcado dentro de lo que es la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que hemos buscado acelerar en estos meses. Las policías tendrán más herramientas para hacer frente a la delincuencia, con todo el respaldo del Estado. Donde los fiscales podrán investigar con buenas pruebas. Donde los jueces en su rol podrán resolver teniendo a la vista mejores antecedentes", afirmó el presidente.
Entre las modificaciones procedimentales, las policías quedan facultadas para requerir la entrega voluntaria de imágenes captadas por sistemas de videovigilancia públicos o privados y obtener datos de georreferenciación sin necesidad de una orden previa de la fiscalía. En caso de contar con el consentimiento del propietario, se levantará un acta oficial, mientras que ante una negativa, el personal policial deberá notificar inmediatamente al Ministerio Público.
Adicionalmente, la ley consagra el rol de la Autoridad Marítima como órgano auxiliar de los fiscales en el ámbito de sus competencias territoriales, permitiéndole ejecutar controles de identidad y actuaciones autónomas en naves, recintos portuarios y aguas interiores. La reforma norma también la facultad del Fiscal Nacional para impartir instrucciones generales de actuación directa en delitos complejos, resguardando los mecanismos de transparencia y la autonomía técnica de los fiscales a cargo.
La aprobación de esta normativa responde a un escenario de incremento en la carga procesal reportada por el Ministerio Público, cuyas denuncias registraron una evolución desde 1,65 millones en 2024 a más de 1,91 millones en 2025. Tras culminar la promulgación de este primer proyecto de la agenda de seguridad, el Ejecutivo instó al Parlamento a mantener la prioridad legislativa para la tramitación de las iniciativas pendientes en la materia.
(Con información de la Presidencia de Chile y La Tercera)
