El mandatario José Antonio Kast visitó este lunes el complejo fronterizo de Chacalluta para supervisar personalmente el inicio del ‘Plan Escudo Fronterizo’. Esta iniciativa busca contener la inmigración irregular mediante la construcción de barreras físicas, incluyendo muros de hasta cinco metros de altura y la profundización de zanjas, reforzadas con tecnología militar de vigilancia y drones autónomos.
Esta ofensiva contra la migración ilegal se sustenta en decretos firmados tras asumir la presidencia, los cuales mandatan a sus ministros de Seguridad, Interior y Defensa a modificar las reglas del uso de la fuerza. El objetivo declarado es desincentivar el cruce clandestino y blindar los sectores críticos de la frontera que comparten con Perú y Bolivia.
La política de cierre fronterizo contempla un aumento significativo de los efectivos militares desplegados en la zona norte, junto a mejoras en sensores optrónicos y sistemas de comunicación táctica. Estas medidas buscan consolidar el descenso del 54% en los ingresos irregulares registrado en los últimos cuatro años, según las cifras oficiales presentadas por el Ejecutivo.
Chile enfrenta un complejo escenario demográfico, con una población migrante que representa actualmente más del 8% del total del país. Se estima que hay cerca de 330.000 personas en situación irregular, una gran parte de origen venezolano, lo que ha convertido el control migratorio en el eje central de la agenda de seguridad del nuevo gobierno de Kast.
A pesar del impacto económico positivo que la OIM atribuye a la integración de la comunidad venezolana en los ingresos fiscales del país, el presidente mantiene su postura de endurecimiento fronterizo. La administración apuesta por esta política de contención física para recuperar el control total de las zonas de acceso y garantizar la soberanía en la frontera norte.
El despliegue de estas fuerzas y la edificación de nuevas estructuras físicas marcan un hito en la gestión de seguridad de Kast en sus primeros días de mandato. Con estas acciones, el Gobierno busca enviar una señal clara a las redes de tráfico de personas, reforzando la vigilancia en puntos donde históricamente se han detectado los mayores niveles de vulnerabilidad ante ingresos clandestinos.
