Apenas unos días después de su investidura, el presidente José Antonio Kast ha dejado claras sus prioridades. En una gira por la región del Biobío, devastada por los recientes incendios, el mandatario dio a conocer los ejes de una normativa que apunta directamente a dinamizar un aparato productivo que, según el Ejecutivo, fue llevado al límite por la gestión de Gabriel Boric. El plan promete menos intervención estatal, alivio fiscal para las empresas y una redefinición de los beneficios sociales para garantizar la sostenibilidad de las arcas públicas, hoy golpeadas por un déficit estructural del 3,6 % del PIB.
El núcleo de la propuesta económica se centra en la reducción del impuesto corporativo del 27 % al 23 %, junto a la eliminación temporal del IVA a la vivienda y la supresión de los impuestos a las ganancias de capital. Chile busca recuperar su atractivo para la inversión nacional y extranjera, combatiendo la fuga de capitales hacia países vecinos. En esta línea, el gobierno también impulsa una drástica reducción de la "permisología", mediante reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para acelerar proyectos de infraestructura, energía y minería.
En el ámbito social, la administración Kast ha decidido poner fin a la expansión indiscriminada del gasto. El proyecto contempla ajustes significativos a la gratuidad universitaria, limitando el beneficio por edad y tramos de ingreso, con el objetivo de contener la presión fiscal. Estas medidas, que el propio presidente ha calificado como "necesarias pero a veces impopulares", buscan enderezar un barco que, según el diagnóstico actual, quedó con las arcas vacías y una estructura de deuda insostenible tras la administración anterior.
La seguridad también ocupa un lugar central en este paquete de medidas. Kast ha anunciado un endurecimiento de penas para el contrabando y el transporte ilegal de personas, en lo que define como un "Gobierno de emergencia" destinado a restaurar el orden en un país que, asegura, atraviesa una crisis sin precedentes. A pesar de los matices sobre las cifras oficiales, el mandatario se mantiene firme: la prioridad absoluta es blindar las fronteras y restablecer el respeto por el imperio de la ley, utilizando todas las facultades que el Estado pueda otorgar.
