José Antonio Kast presentó el proyecto de ley Escuelas Protegidas para combatir la violencia en el sistema educativo. La propuesta considera como agravante la comisión de delitos dentro de los recintos escolares. Esta medida responde a la preocupación social por ataques que afectan la integridad de la comunidad educativa desde La Moneda.
La normativa faculta a las instituciones para la revisión de mochilas y prohíbe prendas que oculten el rostro. Estas disposiciones buscan frenar a grupos violentos que operan en liceos emblemáticos con bombas molotov. Kast enfatizó que la seguridad escolar no tiene color político y solicitó al Congreso legislar con prontitud.
El proyecto propone prohibir el acceso a la gratuidad universitaria a alumnos condenados por delitos en las aulas. Además, se tipificará la interrupción de clases como una falta grave en el Código Penal. El Ejecutivo argumenta que estas sanciones son vitales para restablecer el orden en los espacios de formación académica.
El anuncio surge tras el trágico incidente en Calama, donde un joven asesinó a una asistente el pasado 27 de marzo. Según la Fiscalía, el atacante planeó el acto con referencias a tiroteos en Estados Unidos. Este suceso reforzó la promesa de mano dura contra la delincuencia que marcó la campaña del mandatario.
Actualmente, el 76% de los chilenos percibe un aumento en la violencia escolar, según la Universidad del Alba. Solo un tercio de la población considera que los colegios son espacios seguros hoy en día. El gobierno debe ahora lograr consenso en un Parlamento donde la coalición oficialista no posee mayoría.
El proyecto incluye apoyos para víctimas y refuerza protocolos de seguridad en zonas de alta conflictividad. Kast insistió en que Chile no puede esperar mientras ocurren hechos lamentables en la educación pública. La discusión legislativa marcará el rumbo de las políticas de seguridad interna durante este periodo presidencial.
