El Gobierno liderado por la presidente Keiko Fujimori presentó ante el Congreso de la República de Perú una solicitud de delegación de facultades legislativas por un período de 120 días calendario. La propuesta, impulsada desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), abarca un paquete de medidas estructurado en ocho bloques temáticos orientados a enfrentar los principales retos del país en materia de seguridad ciudadana, orden interno, fortalecimiento de microempresas, empleo y modernización estatal.
El eje principal de la iniciativa contempla modificaciones profundas al Código Penal, el Nuevo Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal para intensificar la persecución de delitos violentos y bandas delictivas. Entre las disposiciones normativas planteadas destaca la creación de un marco legal específico para declarar y clasificar a las organizaciones criminales como terroristas, así como el establecimiento de un registro oficial. Asimismo, la propuesta introduce el fortalecimiento de la presunción de inocencia en casos de legítima defensa, exigiendo una motivación cualificada para desestimar la racionalidad en la respuesta ante una agresión.
En el ámbito penitenciario, el Gobierno busca autorizar la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo operativo en los establecimientos carcelarios, en coordinación con las autoridades correspondientes. Paralelamente, el proyecto contempla un endurecimiento en las medidas sobre armas de fuego, explosivos y equipos pirotécnicos, además de habilitar mecanismos para el rastreo, bloqueo y baja de líneas telefónicas o dispositivos electrónicos utilizados en actividades ilícitas como la extorsión desde los penales y centros juveniles.
El paquete de medidas abarca además una reestructuración del régimen de regularidad migratoria y procesos de nacionalización para garantizar un flujo controlado y seguro en el territorio nacional. Finalmente, el pedido busca adecuar la normativa que regula el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) para intervenir ante amenazas que pongan en riesgo la seguridad pública, e incluye disposiciones relativas a la reinserción social juvenil y al uso de equipamiento especial para la vigilancia de áreas naturales protegidas.
(Con información de Infobae)
