La administración de Estados Unidos estudia implementar una tasa de 100.000 dólares para graduados extranjeros que busquen trabajar tras finalizar sus estudios. La iniciativa se evalúa en el Departamento de Seguridad Nacional dentro del programa OPT. Las autoridades aún no definen quién asumiría dicho monto.
El proyecto busca endurecer los requisitos laborales de este programa, que benefició a miles de profesionales. La norma afectaría la transición hacia visados de mayor permanencia en el mercado estadounidense. El sector académico advierte sobre la pérdida de atractivo del sistema universitario.
En las deliberaciones, no se aclara si el cobro recaerá sobre los egresados o sobre las corporaciones contratantes. La incertidumbre afecta a las industrias de tecnología y finanzas, dependientes de talento especializado. Las empresas evalúan el impacto financiero de la futura regulación.
La medida se alinea con las reformas migratorias impulsadas por el Gabinete para limitar permisos de empleo. De concretarse, representaría una barrera de acceso sin precedentes para la mano de obra calificada. Representantes privados alertan sobre una desventaja frente a otros países.
Las instituciones de educación superior expresaron su preocupación por la pérdida de matrículas internacionales. Países como Canadá, Alemania y Reino Unido aprovechan para flexibilizar sus normativas y captar personal técnico. La competencia global presiona la captación de estos perfiles.
Antecedentes de cobros similares fueron frenados en tribunales federales por falta de aval del Congreso. No obstante, las agencias avanzan en la revisión de solicitudes de visado para añadir exigencias. Los cambios finales se publicarían hacia el cierre del año.
El avance del expediente sigue condicionado a los dictámenes de las autoridades de Seguridad Nacional. Universidades y empresas mantienen gestiones preventivas ante una eventual modificación regulatoria. La decisión definirá el futuro de la inmigración calificada.
(Con información de Infobae)
