La administración del presidente Donald Trump escaló su campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI) al decretar sanciones económicas integrales contra el tribunal multilateral con sede en La Haya. La medida busca paraliar por completo las operaciones financieras e institucionales del organismo, al que Washington califica de tribunal "ilegítimo" que pretende arrogarse jurisdicción sobre naciones soberanas que no forman parte del Estatuto de Roma.
El anuncio oficial, realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, establece el bloqueo inmediato de cualquier activo o propiedad que la CPI posea en territorio estadounidense bajo la fiscalización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Asimismo, prohíbe que empresas, entidades bancarias o ciudadanos estadounidenses mantengan relaciones comerciales, provean software o suministren servicios de seguros al tribunal.
"El presidente Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses. O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI. Esperamos que nuestros aliados, muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de militares estadounidenses para su defensa, pongan freno a la corte", declaró Rubio.
Esta acción gubernamental responde a las agresiones jurídicas del organismo contra el personal militar estadounidense que sirvió en Afganistán e Irak, así como a las arbitrarias órdenes de arresto emitidas por la CPI contra altos funcionarios de Israel, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu. Desde la perspectiva de la diplomacia estadounidense, la corte ha sido instrumentalizada ideológicamente por sectores globales que buscan debilitar la capacidad de defensa de las democracias occidentales.
El Departamento de Estado fijó un periodo de transición de seis meses para la entrada en vigor plena de las prohibiciones comerciales, abriendo una ventana de oportunidad para que los 125 países signatarios reconsideren su respaldo financiero al tribunal. Paralelamente, la administración Trump emitió cuatro licencias generales temporales exclusivas para garantizar operaciones humanitarias mínimas, telecomunicaciones básicas y el mantenimiento de detenidos bajo custodia de la corte mientras se completa el desmantelamiento de sus redes financieras.
La Casa Blanca ratificó su firme postura de que la seguridad nacional y la soberanía de los ciudadanos estadounidenses prevalecerán sobre cualquier pretensión de justicia global sin consentimiento popular.
(Con información de Reuters y El Diario)
