El Gobierno de los Estados Unidos anunció el pasado martes 19 de mayo un paquete de sanciones internacionales. La administración de Donald Trump acusó formalmente al grupo terrorista Hamás de instrumentalizar organizaciones civiles, colectivos de la diáspora y redes vinculadas a la Hermandad Musulmana para coordinar y respaldar la reciente flotilla marítima con destino a la Franja de Gaza.
El paquete de medidas de máxima presión fue coordinado de manera conjunta por los departamentos de Estado y del Tesoro, congelando de forma inmediata todos los activos y prohibiendo cualquier transacción comercial con los cabecillas de la operación.
La contundente acción administrativa de Washington se hizo pública pocas horas después de que la Armada de Israel interceptara en aguas internacionales, frente a las costas de Chipre, a las embarcaciones que componían la flotilla. Según reportes de agencias internacionales, las fuerzas navales israelíes detuvieron a 428 activistas procedentes de más de 40 países a bordo de unas 41 naves de la flotilla pro-Hamás.
Mientras los organizadores del convoy y entidades afines intentaban proyectar la travesía como una supuesta "misión pacífica de solidaridad" para la entrega de asistencia humanitaria, las autoridades de inteligencia de Estados Unidos e Israel desnudaron el entramado, catalogando el despliegue marítimo como una provocación política coordinada por facciones extremistas.
"La flotilla pro-terrorista que intenta llegar a Gaza es un intento ridículo de socavar el progreso logrado por el presidente Trump hacia una paz duradera en la región. El Tesoro seguirá cortando las redes de apoyo financiero global de Hamás, sin importar en qué parte del mundo se encuentren", declaró con firmeza el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a través de un comunicado oficial.
Las investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) determinaron que la flotilla fue promovida de manera directa por la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA), una entidad creada con fondos de la Oficina de Relaciones Internacionales de Hamás. Entre los sancionados bajo la Orden Ejecutiva 13224 figuran el residente en España Saif Hashim Kamel Abukishek, miembro del comité directivo de la flotilla, y el jordano Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz, secretario general de la PCPA.
Asimismo, las sanciones alcanzaron a Mohammed Khatib y Jaldia Abubakra Aueda (esta última basada en Madrid), coordinadores de Samidoun, una red de agitación antiisraelí que Washington califica como una mera fachada de recaudación de fondos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), grupo catalogado como organización terrorista extranjera.
La arremetida del Tesoro estadounidense también desmanteló ramos financieros de la Hermandad Musulmana que operan en connivencia con Hamás en Egipto y la Franja de Gaza. Entre los objetivos de alto valor sancionados destaca Karim Sayed Ahmed Moghny, un militante que hasta 2025 adiestraba a operativos en técnicas militares y operaciones técnicas encubiertas en colaboración con Harakat Sawa'd Misr (HASM), una violenta rama armada de la Hermandad Musulmana.
Del mismo modo, la Casa Blanca bloqueó las finanzas de la Asociación de Eruditos Palestinos y de su director, Marwan Abu Ras, por haber alineado de forma coactiva las instituciones religiosas de la Franja de Gaza con el discurso extremista de Hamás bajo la supervisión directa del fallecido líder terrorista Yahya Sinwar.
La resolución federal envía además una advertencia inequívoca al ecosistema de izquierda radical y procomunista dentro de los propios Estados Unidos que ha respaldado de manera sostenida estas flotillas. La Casa Blanca mantiene bajo estricto escrutinio a organizaciones sin fines de lucro como CodePink y el Foro del Pueblo, entidades financiadas por el exiliado marxista Neville Roy Singham, que promueven abiertamente la agenda geopolítica del Partido Comunista Chino.
(Con información de Fox News y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos)
