El director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, advirtió que la normativa busca perdonar al propio Estado mediante el olvido, sin establecer procesos de verdad. Según el activista, esta ley abarca selectivamente hechos ocurridos entre 1999 y 2026, funcionando como un mecanismo caprichoso que obliga a las familias de los perseguidos a rogar por una libertad que debería ser absoluta.
La organización denunció que las cifras de liberaciones presentadas por la administración de la izquierda radical son, en gran medida, propaganda oficialista. De los casos anunciados, solo 690 corresponden a libertades reales, mientras el resto son personas que ya estaban bajo regímenes de presentación. El régimen se niega a publicar listados centrales, facilitando la extorsión por parte de funcionarios locales.
Gómez señaló que esta supuesta apertura ocurre bajo la presión de las conversaciones entre la administración Trump y el gobierno encargado tras la captura de Maduro. Sin embargo, advirtió que sin seguridad jurídica real y separación de poderes, cualquier intento de atraer inversión extranjera será una trampa. El control del Ejecutivo sobre el sistema judicial sigue siendo el principal obstáculo para la libertad.
La "maquinaria de terror" del socialismo ha mantenido a ciudadanos presos durante años por orden de gobernadores y alcaldes alineados con el proyecto colectivista. Para los defensores de derechos humanos, la única vía hacia un país próspero es desmantelar los patrones autoritarios y restaurar la libertad de expresión. Solo el respeto a la propiedad y al individuo permitirá recuperar la riqueza nacional.
Gómez concluyó que el futuro de Venezuela depende de recuperar la independencia de poderes para ofrecer seguridad jurídica a cada emprendedor y ciudadano. Solo eliminando la capacidad del Ejecutivo para intervenir en las decisiones judiciales se podrá reconstruir una sociedad basada en el mérito y la verdadera justicia.
