Desde su promulgación el pasado 19 de febrero, la normativa ha sido el eje central de la retórica de "reencuentro" del Gobierno interino en sus contactos con Estados Unidos. Sin embargo, el balance a más de un mes de su entrada en vigor arroja sombras sobre su ejecución. Según explicó a EFE Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, aunque la aplicación de la ley continúa, el flujo de beneficiarios ha bajado significativamente. Para los activistas, el hecho de que no se haya comenzado a desmantelar el aparato represivo (policías, fiscales y jueces) sugiere que la amnistía podría estar siendo utilizada más como una herramienta de imagen que como una reforma estructural profunda.
Las cifras oficiales, defendidas por el diputado chavista Jorge Arreaza desde la comisión de seguimiento, hablan de 8.146 personas beneficiadas con libertad plena hasta finales de marzo. No obstante, la gran mayoría de estos casos corresponden a ciudadanos que ya gozaban de libertad restringida bajo medidas cautelares, como presentaciones periódicas o prohibición de salida del país. La cifra de quienes efectivamente han abandonado las prisiones es mucho menor: Foro Penal contabiliza 187 liberaciones por amnistía de un total de 743 excarcelaciones generales desde principios de año, una diferencia que alimenta las críticas sobre la opacidad del proceso.
“Si no se termina de liberar a los más de 500 presos políticos que aún quedan, parecería evidente que el Gobierno interino no tendría verdadera voluntad política de hacer cesar la persecución. Se busca un efecto mediático mientras el aparato represivo sigue siendo el mismo”, advirtió Gonzalo Himiob.
El proceso no ha estado exento de lo que ONGs como Provea denominan "pecados originales". Su coordinador, Óscar Murillo, sostiene que la ley se aplica bajo la premisa de un "perdón" concedido discrecionalmente por el poder, en lugar de entenderse como un derecho hacia la paz institucional. La burocracia y las respuestas arbitrarias (beneficiando a unos sí y a otros no) han enturbiado el camino. Además, la ausencia de organismos internacionales como la ONU o la Cruz Roja en la verificación de las listas impide contrastar la veracidad de los datos lanzados por el oficialismo, dejando la justicia en manos de la interpretación del Ejecutivo.
Uno de los mayores obstáculos para la efectividad de la norma es la exclusión sistemática de ciertos perfiles, especialmente militares y personas acusadas de delitos de "traición" o invocación de fuerzas extranjeras. Estas limitaciones mantienen una herida abierta en el seno de las fuerzas armadas y en los sectores más activos de la oposición. Para los expertos, la amnistía es un paso necesario pero insuficiente si no viene acompañada de mecanismos que garanticen que la persecución política que ha desangrado a Venezuela durante casi tres décadas no tenga cabida en el nuevo orden institucional.
