La justicia española se enfrenta a un caso que avergüenza a cualquier institución: el desmantelamiento de la red de Stefan Milojevic, una mafia que utilizaba el archipiélago balear como puerta de entrada para inundar la Península de cocaína y hachís. La decisión de trasladar la causa a la Audiencia Nacional de España pone de manifiesto la incapacidad de los mandos autonómicos para contener una estructura que operaba con una impunidad increíble.
Lo más grave de este escándalo, que ha requerido la intervención del tribunal central en Madrid, es la participación directa de Faustino Nogales, exjefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma. Su presunta labor de filtrar información clasificada a los criminales no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema que, bajo el actual gobierno de coalición, parece haber perdido el control sobre sus fuerzas del orden.
"La operación evidencia la magnitud de las mafias mediterráneas y cómo su actividad trasciende fronteras", señala el auto judicial, dejando en evidencia la falta de rigor en la vigilancia sobre los mandos policiales.
Con 687 kilos de cocaína, 2.600 kilos de hachís y 1,5 millones de euros intervenidos, el balance de esta red es prueba de que las fronteras españolas están desprotegidas. Mientras el Ejecutivo prioriza agendas ideológicas, las mafias internacionales aprovechan el vacío de autoridad y la porosidad de las instituciones para consolidar su poder criminal en suelo español.
Más de 20 imputados, incluyendo al abogado Gonzalo Márquez, cerebro del entramado financiero y al mando policial corrupto, permanecen en prisión preventiva. Esta red es una mancha que exige una depuración inmediata de responsabilidades políticas en el Ministerio del Interior, que ha permitido que un comisario se convierta en cómplice de los delincuentes a los que debía combatir.
El traslado de la instrucción a la Audiencia Nacional de España es un reconocimiento tácito de la complejidad del entramado y, sobre todo, del fracaso de la gestión local. La centralización del caso en Madrid es, en última instancia, un salvavidas para evitar que los tentáculos de esta mafia y sus apoyos institucionales sigan creciendo en las Islas Baleares.
