La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este martes al gobierno del presidente Donald Trump reanudar la deportación de migrantes a terceros países distintos a los de su origen, sin necesidad de ofrecerles la oportunidad previa de demostrar los peligros que podrían enfrentar. El tribunal, de mayoría conservadora, accedió a la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para dejar en suspenso la resolución del juez federal Brian Murphy, quien había calificado la medida del Departamento de Seguridad Nacional como ilegal.
La decisión permite la aplicación inmediata de esta política de deportación expedita mientras los magistrados escuchan los argumentos de las partes en diciembre. La demanda colectiva fue interpuesta por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, denunciando que el procedimiento viola el debido proceso garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución al no otorgar una notificación adecuada ni una audiencia formal antes de efectuar el traslado.
De acuerdo con estimaciones presentadas por grupos de derechos humanos, más de 25.000 migrantes han sido deportados a 29 países bajo este esquema implementado el año pasado, dirigiéndose la gran mayoría hacia México. La administración también ha enviado deportados a naciones con inestabilidad política como Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y la República Centroafricana, incluso cuando el Departamento de Estado recomienda no viajar a algunas de estas zonas.
El Departamento de Justicia sostuvo en su apelación que la medida resulta una herramienta esencial para la seguridad nacional al facilitar la expulsión de extranjeros con antecedentes penales. Por su parte, la representación legal de los demandantes argumentó que el procedimiento afecta a personas con protección legal previa en Estados Unidos, dejándolas expuestas a sufrir persecución, torturas o abusos al ser retransferidas a sus países de origen sin evaluación previa.
El fallo de la Corte Suprema respalda las políticas migratorias del ejecutivo tras el aval otorgado por el tribunal de apelaciones a la resolución de primera instancia el pasado 18 de septiembre. La resolución definitiva del caso a finales de año determinará si el gobierno puede mantener los acuerdos diplomáticos con terceros países para ejecutar el control de fronteras y acelerar los procesos de expulsión masiva.
