La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para abordar uno de los capítulos más sensibles en la larga historia de tensiones entre Washington y el régimen comunista de Cuba. Los jueces evaluarán el alcance del Título III de la ley Helms-Burton, una norma aprobada en 1996 que permite a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales federales a empresas que “trafiquen” con propiedades confiscadas por el gobierno comunista tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.
En esta ocasión, el máximo tribunal escuchará argumentos en dos casos distintos pero conectados por una misma cuestión central: qué tan amplio quiso el Congreso que fuera el remedio legal previsto en la ley.
Uno de los casos involucra a ExxonMobil, que reclama más de mil millones de dólares por activos petroleros confiscados en 1960 y actualmente operados por una empresa estatal cubana. El otro enfrenta a la empresa Havana Docks Corporation contra cuatro grandes líneas de cruceros que utilizaron instalaciones portuarias en La Habana que habían sido expropiadas por la dictadura comunista.
El Título III de la ley permite que ciudadanos estadounidenses busquen compensación por propiedades confiscadas, incluyendo daños ampliados, contra entidades que utilicen esos bienes, ya sean empresas estatales cubanas o compañías internacionales. Sin embargo, durante décadas esta disposición estuvo suspendida por decisiones presidenciales que buscaban evitar fricciones diplomáticas con aliados cuyos inversionistas operaban en la isla.
Fue el presidente Donald J. Trump quien levantó esa suspensión en 2019, reactivando el mecanismo y generando una ola de demandas judiciales. Su administración declaró al régimen cubano como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y reforzó la presión económica, incluyendo medidas para cortar el suministro de petróleo venezolano a la isla.
El caso de Exxon plantea una cuestión clave: si las empresas estatales cubanas pueden invocar el principio de inmunidad soberana extranjera, doctrina que normalmente protege a gobiernos y sus entidades frente a demandas en tribunales estadounidenses. Un tribunal inferior permitió esa defensa, decisión que ahora la Corte Suprema podría revisar.
Los abogados de Exxon sostienen que permitir esa inmunidad impone nuevos obstáculos a las víctimas de confiscaciones ilegales realizadas por la dictadura comunista. Desde su perspectiva, el Congreso creó la ley precisamente para superar ese tipo de barreras y garantizar una vía efectiva de recuperación.
En el caso de los cruceros, el debate es distinto. Las empresas demandadas son compañías privadas, no entidades estatales. La cuestión jurídica radica en si el demandante debe demostrar que tendría hoy un derecho de propiedad vigente sobre los bienes si no hubieran sido nacionalizados. Un juez federal inicialmente responsabilizó a las compañías por más de 400 millones de dólares, pero una corte de apelaciones anuló ese fallo, lo que llevó el asunto ante el máximo tribunal.
Expertos legales señalan que, en la práctica, recuperar compensaciones bajo la Helms-Burton ha resultado más complejo y costoso de lo que muchos anticiparon cuando la ley fue aprobada en 1996. Las decisiones judiciales han impuesto requisitos procesales que han dificultado las demandas, generando incertidumbre para empresas y reclamantes.
Las expropiaciones realizadas por el régimen comunista de Cuba tras la revolución afectaron refinerías, ingenios azucareros, fábricas, plantas eléctricas y múltiples activos privados que hoy equivaldrían a miles de millones de dólares. La ley Helms-Burton formalizó además el embargo comercial que había sido implementado por órdenes ejecutivas desde la década de 1960.
El fallo de la Corte Suprema podría redefinir el alcance práctico de esta herramienta legal y determinar si los ciudadanos estadounidenses cuentan con un mecanismo verdaderamente eficaz para reclamar compensación frente a confiscaciones realizadas por un régimen comunista que nunca indemnizó adecuadamente a los propietarios originales.
