La Fiscalía de la CPI determinó este jueves que las pruebas presentadas por Venezuela en 2020 respecto a la "Situación en Venezuela II" no establecen una relación de causalidad e intención suficiente entre las sanciones de Estados Unidos y los delitos alegados, cerrando así el examen preliminar por falta de requisitos legales.
El tribunal notificó la decisión a Caracas, que dispone de 90 días para solicitar una revisión del fallo. Esta resolución se limita exclusivamente a las medidas coercitivas estadounidenses y no altera el estatus de otras investigaciones internacionales en curso sobre la situación interna del país.
La Fiscalía aclaró que esta medida es independiente de la causa "Venezuela I", centrada en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014, especialmente en detenciones. Asimismo, precisó que esta resolución no tiene relación con los eventos ocurridos en enero de 2026, incluida la captura de Nicolás Maduro.
La denuncia original sostenía que las sanciones habían provocado actos inhumanos contra la población civil. Tras un análisis exhaustivo, el organismo determinó que no se pudo demostrar la intención delictiva requerida por el Estatuto de Roma para avanzar hacia una investigación formal contra el Estado estadounidense.
Este dictamen representa un freno legal a la estrategia judicial que había emprendido el gobierno venezolano para internacionalizar la responsabilidad de las sanciones. Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene su atención en el avance de la causa "Venezuela I" sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última década.
El fallo de la CPI subraya la complejidad de probar la intención criminal en contextos de medidas económicas, diferenciando las consecuencias de las políticas estatales de los crímenes de lesa humanidad. Este precedente cierra un capítulo legal clave mientras la justicia internacional continúa evaluando las denuncias por abusos cometidos dentro del territorio venezolano.
