El exmandatario será procesado formalmente ante el tribunal internacional de La Haya por su presunta responsabilidad directa en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Estas acusaciones se encuentran vinculadas de manera directa con las masacres sistemáticas perpetradas bajo el amparo de su estrategia de seguridad interior, conocida popularmente como la “guerra contra las drogas”.
La resolución judicial se adoptó este miércoles tras la conclusión de una conferencia técnica dedicada de forma exclusiva a la preparación del complejo proceso penal intercontinental. Durante esta audiencia preliminar, el cuerpo de magistrados de la CPI determinó que el juicio se desarrollará bajo un estricto régimen de sesiones diarias ininterrumpidas, las cuales se extenderán de forma consecutiva hasta la llegada del receso judicial de fin de año o fechas cercanas al mismo.
La magistratura accedió de este modo a la solicitud de calendario planteada formalmente por la fiscalía internacional, con el firme propósito de evitar dilaciones y asegurar un desarrollo del proceso que sea tanto justo como expedito.
A pesar del avance definitivo del cronograma legal, el inicio efectivo de los debates en la sala de audiencias queda sujeto a una última condición procedimental de carácter técnico relacionada con la salud del imputado. El tribunal de La Haya se encuentra a la espera de recibir un informe pericial exhaustivo sobre la aptitud del acusado para encarar el litigio.
Los especialistas médicos designados por la corte deberán certificar de manera específica si encuentran a Rodrigo Duterte física y mentalmente apto para ser juzgado, cumpliendo así con las normativas internacionales destinadas a proteger las garantías del debido proceso y evitar futuras nulidades.
El expresidente filipino se encuentra bajo custodia física y detenido en el centro penitenciario de la CPI en Países Bajos desde marzo del año pasado. La confirmación de la fecha de juicio representa el colapso definitivo de los intentos de su equipo legal por descarrilar la jurisdicción del tribunal europeo. Los jueces ratificaron que, en los meses previos a la apertura de la sala de debates, la corte resolverá todas las cuestiones accesorias que aún permanezcan pendientes para garantizar que el proceso judicial se apegue a los más altos estándares de transparencia y legalidad internacional.
El camino definitivo hacia el estrado judicial se pavimentó en abril pasado, cuando una sala de cuestiones preliminares de la CPI confirmó de manera unánime los tres cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte. Esta validación de cargos abrió formalmente las puertas para la celebración del juicio contra el exmandatario.
(Con información de la Corte Penal Internacional y EFE)
