La crisis energética que atraviesa la dictadura de Cuba es mucho más que un problema técnico: es una manifestación palpable de décadas de malas decisiones, ausencia de reformas estructurales y un modelo económico que ha demostrado ser incapaz de sostener a la población en tiempos de dificultad extrema. Las medidas anunciadas recientemente por el régimen de Miguel Díaz-Canel, que evocan la temida “opción cero” del pasado, no hacen más que confirmar este hecho.
La “opción cero” fue un plan de emergencia ideado durante los años noventa, cuando la caída de la Unión Soviética dejó a Cuba prácticamente sin subsidios ni combustible. Ese escenario de cero petróleo significó racionamientos extremos, interrupciones del servicio eléctrico, escasez generalizada de bienes y hasta paralización de actividades básicas, obligando a los cubanos a reinventar su vida cotidiana. Hoy, más de treinta años después, el régimen parece dispuesto a revivir un enfoque que ya en su momento fue sinónimo de desesperación y sufrimiento. Esto ocurre en medio de una crisis energética que lleva meses afectando a la isla debido a la falta de combustible, la obsolescencia de las centrales eléctricas y la caída de envíos desde aliados tradicionales.
Lo que queda claro es que estas medidas de emergencia no son un plan de recuperación, sino solo un intento de sobrevivencia. El racionamiento de energía, las restricciones extremas y la posible suspensión de actividades esenciales no aportan ningún camino real hacia la estabilidad, sino que agravan la precariedad de millones de cubanos que ya lidian con cortes de luz, baja producción de alimentos y falta de acceso a servicios básicos.
Mientras el régimen habla de medidas para enfrentar la crisis, la realidad para los ciudadanos es radicalmente diferente. La población enfrenta apagones constantes, falta de transporte y una economía cada vez más deprimida, en parte porque el gobierno insiste en mantener una estructura de control centralizado que ahoga cualquier intento de libre iniciativa. Este enfoque no solo fracasa en la práctica económica, sino que también criminaliza la disidencia política y reprime las voces críticas que podrían ofrecer soluciones más creativas y realistas.
Además, bajo la administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha intensificado la presión sobre los países que suministran petróleo a la isla, lo que ha contribuido a cortar aún más la entrada de combustible necesario para sostener el sistema energético. Esta presión ha acelerado el colapso energético, demostrando que el régimen no puede depender eternamente de paliativos externos para sostener su economía.
El discurso oficial del régimen intenta culpar a factores externos, pero la crisis es en gran medida el resultado directo de décadas de mala gestión y políticas fracasadas. Aferrarse a modelos del pasado como la “opción cero” es un síntoma de que el liderazgo cubano no está dispuesto a implementar reformas profundas que abran la economía, permitan la inversión privada y garanticen derechos básicos a su población.
La verdadera solución pasa por cambiar el rumbo político y económico de la isla, no por regresar una y otra vez a medidas que ya se sabe que generan sufrimiento. El pueblo cubano merece algo más que parches temporales y anuncios vacíos; merece libertad económica, transparencia y oportunidades reales para prosperar. Solo con un cambio estructural, que incluya respeto por los derechos humanos y la apertura de espacios democráticos, Cuba podrá superar una crisis que hoy la deja atrapada entre la escasez y el descontento social.
