La madre del joven extremista presentó una demanda por muerte injustificada contra la institución Park Mental Health. La acción judicial acusa al centro psiquiátrico de negligencia al omitir las alertas emitidas por el FBI sobre la peligrosidad del paciente. El ataque provocó la muerte de tres personas en el centro islámico antes del suicidio de los perpetradores.
Las investigaciones revelaron que las autoridades federales advirtieron sobre los contactos del joven con redes extremistas en la "dark web". La institución recibió notificaciones directas sobre la conducta perturbadora del paciente días antes de la masacre. Sin embargo, el personal médico omitió tramitar la internación de urgencia en un centro de máxima seguridad.
A la negligencia profesional se sumó la ocultación sobre la fuga del joven ocurrida la noche previa al tiroteo. La administración evitó informar a los familiares sobre la desaparición hasta la mañana del trágico suceso. Las cámaras registraron al paciente abandonando las instalaciones sin que se activaran los protocolos de búsqueda policial.
Los registros demuestran antecedentes de conducta violenta y fascinación por corrientes del supremacismo blanco y el aceleracionismo. En ocasiones anteriores, las autoridades confiscaron decenas de armas en el domicilio familiar tras amenazas vertidas en el ámbito escolar. A pesar de las evidencias, los tribunales levantaron las restricciones temporales sobre el arsenal del padre.
El manifiesto difundido por los atacantes contenía graves discursos de odio antimusulmán, antisemita y misógino. Los peritajes determinaron que ambos jóvenes resultaron radicalizados mediante foros clandestinos en la red internet. Las familias de las víctimas exigen la depuración de responsabilidades penales para los administradores de la clínica.
Por su parte la defensa del centro de salud rechazó los cargos al argumentar que el tratamiento era de carácter estrictamente voluntario. Representantes legales afirmaron que la institución carece de potestad para controlar los desplazamientos externos de los usuarios. La argumentación generó el rechazo absoluto de las organizaciones de derechos civiles en California.
El proceso judicial reabre el debate sobre la responsabilidad de los centros psiquiátricos en la prevención del terrorismo doméstico. Las fallas en los sistemas de monitoreo médico y la inacción ante señales de radicalización derivaron en una tragedia evitable. La comunidad exige reformar las normativas para garantizar el confinamiento obligatorio de individuos peligrosos.
(Con información de Infobae)
