La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ordene a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional la elaboración de un informe "exhaustivo" para reconstruir la historia registral y financiera de la compañía, focalizándose en el masivo desembarco de capital procedente de Venezuela a partir del año 2017.
La representante del Ministerio Público, Elena Lorente, fundamentó la necesidad de esta diligencia tras constatar que el acceso de los empresarios venezolanos a la estructura accionarial y a los órganos de decisión de Plus Ultra modificó la naturaleza de la empresa. El objetivo prioritario de las pesquisas radica en determinar el impacto real que tuvo esa inyección de dinero opaco en la posterior concesión del rescate público de 53 millones de euros otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, una ayuda aprobada bajo el manto del Gobierno socialista.
El avance de las investigaciones judiciales destapó una red de influencias y maniobras financieras en la que figura como pieza clave el expresidente del Gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental, Zapatero se encuentra bajo la lupa de la Audiencia Nacional debido a las pinchadas telefónicas y pruebas documentales en Estados Unidos que apuntan a sus gestiones y vínculos con los verdaderos controladores de la aerolínea.
Los informes previos aportados por la UDEF revelan cómo la aerolínea, fundada originalmente en 2011, pasó progresivamente a ser controlada por una red de socios y empresas instrumentales vinculadas a fortunas venezolanas. Entre los nombres señalados por los investigadores destacan Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes Rojas, María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Borquez Tarff, además de figuras operativas como Raif El Arigie Harbie y Alcíades José Carrión Carrión.
La gravedad del expediente judicial radica en que Plus Ultra figura como beneficiaria y firmante de presuntos contratos de préstamo con sociedades investigadas por canalizar y blanquear dinero procedente de la corrupción y la malversación de fondos estatales en Venezuela. Las presiones de la causa forzaron recientemente la dimisión del presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y del consejero delegado, Roberto Roselli, ambos detenidos e investigados por la UDEF.
(Con información de EFE y Monitoreamos)
