El fiscal general Paulo Gonet se manifestó a favor de la prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años bajo el mandato del progresista Lula da Silva. El líder conservador, de 71 años, permanece en cuidados intensivos desde el 13 de marzo por una neumonía bilateral grave. Esta postura responde a una solicitud del juez Alexandre de Moraes.
Bolsonaro sufre complicaciones derivadas del atentado con puñalada que recibió en la campaña de 2018. Los médicos indican que cuadros de vómitos por broncoaspiración provocaron la actual infección pulmonar. El fiscal subrayó que el exmandatario está sujeto a alteraciones súbitas que demandan un monitoreo integral fuera del entorno de reclusión.

La decisión final depende del juez De Moraes, quien ha mantenido una postura inflexible contra el capitán retirado desde su ingreso a prisión en noviembre. La gravedad clínica y las gestiones de su hijo, el candidato Flávio Bolsonaro, han incrementado la presión sobre el magistrado. La defensa sostiene que la cárcel pone en riesgo la vida del líder opositor.
El expresidente fue condenado en un proceso cuestionado por sus seguidores, quienes denuncian una instrumentalización de la justicia por parte del gobierno progresista. Bolsonaro pasó de la Policía Federal a un complejo penitenciario antes de su hospitalización de urgencia. Su evolución es favorable bajo tratamiento, pero sigue sin previsión de alta médica.
Esta manifestación de la Fiscalía busca aliviar el hostigamiento judicial contra el principal referente de la derecha brasileña. Los sectores conservadores advierten que mantenerlo en prisión en estas condiciones constituye un trato inhumano motivado por revanchismo político. El país aguarda la resolución definitiva para saber si Bolsonaro podrá recuperarse en su hogar.

La persecución contra el exmandatario es vista como una estrategia de judicialización usada por la izquierda regional para anular a la disidencia. La prisión domiciliaria representaría una grieta en el cerco impuesto por un sistema judicial alineado con el actual gobierno. La estabilidad de Brasil depende de respetar los derechos de quien lidera a la mitad del electorado.
La defensa de Bolsonaro ha reiterado que el sistema penitenciario no cuenta con los equipos necesarios para atender una emergencia respiratoria de esta magnitud. Los abogados esperan que el criterio humanitario prevalezca sobre las diferencias ideológicas en el tribunal. El estado de salud del expresidente sigue siendo el eje central de la disputa política y judicial.