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La Fiscalía de Ecuador investiga a tres jueces de la Corte Nacional por presuntos sobornos de una empresa estatal china

Las autoridades realizaron allanamientos contra los magistrados que obligaron al Estado a pagar 59,3 millones de dólares a China Railway. El caso se desprende de las revelaciones del expediente Plaga sobre corrupción judicial

La Fiscalía de Ecuador investiga a tres jueces de la Corte Nacional por presuntos sobornos de una empresa estatal china
Photo by Ayush Design / Unsplash

La Fiscalía General del Estado de Ecuador inició una investigación por cohecho contra los jueces Milton V., Patricio S. e Iván L. Las autoridades allanaron las viviendas de los magistrados que integraron el tribunal de casación de la Corte Nacional. La diligencia busca determinar si recibieron pagos indebidos para fallar a favor de la empresa China Railway.

El litigio se remonta a un contrato por 196 millones de dólares adjudicado durante el gobierno de Rafael Correa para construir 200 escuelas prefabricadas. Ante retrasos y fallas técnicas, el Ministerio de Educación resolvió rescindir la concesión en 2018, lo que desató la controversia legal.

La firma china impugnó la decisión hasta lograr una sentencia que obligó al Estado a pagar 59,3 millones de dólares. Esta condena representó un duro golpe al erario nacional, manteniéndose firme hasta la aparición de nuevos testimonios. Las investigaciones buscan esclarecer la legalidad del fallo.

Las sospechas de soborno surgieron por la declaración de un procesado en el caso Plaga. El testimonio reveló un esquema ilícito de compra de resoluciones que puso bajo la mira las decisiones de la alta corte. La confesión abrió una nueva línea de indagación penal.

Durante los operativos se incautaron equipos electrónicos y documentos que serán periciados por los investigadores. La Fiscalía busca confirmar si existieron transferencias irregulares para beneficiar a la constructora extranjera. Por el momento no se han formulado cargos formales.

El expediente expone la opacidad en las contrataciones realizadas durante el ciclo de gobiernos de izquierda en la región. La manipulación de los tribunales compromete seriamente la transparencia institucional y la seguridad jurídica. El saneamiento del sistema resulta una prioridad nacional.

La causa amplía los procesos anticorrupción hacia los grandes litigios contractuales con el Estado. Las autoridades mantienen el compromiso de desarticular la red ilícita enquistada en la función judicial. El análisis de las pruebas definirá el futuro del caso.


(Con información de Infobae)

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