La Fiscalía de Propiedad Intelectual de la Fiscalía Superior de Taiwán presentó esa pasado lunes una acusación contra un exsubdirector de la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de semiconductores avanzados a nivel global, por el delito de intento de filtración de secretos comerciales estratégicos hacia la República Popular China.
El imputado, un ciudadano identificado únicamente por el apellido Chen y que actualmente permanece en prisión preventiva, se convierte en el primer procesado bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Secretos Comerciales por intentar transferir tecnología clave nacional al régimen comunista.
Según las conclusiones vertidas en la acusación del Ministerio Público, los hechos se desarrollaron entre mayo de 2023 y febrero de 2024, período en el cual Chen ejerció como subgerente de la corporación tecnológica. Durante ese intervalo, el acusado habría conspirado junto al ciudadano hongkonés Ding Xiaohu (fallecido antes de ser sometido a proceso judicial) para constituir en China la firma CSMAC, una compañía orientada al análisis de materiales semiconductores cuyo objetivo encubierto radicaba en captar ingenieros locales para erosionar la ventaja competitiva de Taiwán.
Para consolidar el proyecto empresarial en el continente y acreditar sus capacidades ante sus socios, el expromotor de TSMC reprodujo de forma masiva un total de 21 expedientes confidenciales. El material sustraído contenía tanto secretos de seguridad nacional como patentes de la operativa ordinaria de la empresa, los cuales fueron trasladados de manera clandestina al domicilio particular de Chen para su posterior estudio y transferencia tecnológica hacia el mercado chino.
El complot fue neutralizado gracias a que los sistemas de auditoría interna de TSMC detectaron anomalías operativas y patrones irregulares en los registros electrónicos del sistema. Tras el aviso de la corporación, los organismos de inteligencia y los fiscales del Estado analizaron las evidencias físicas y digitales en su poder, concluyendo la responsabilidad penal de Chen en la tentativa de espionaje industrial antes de que la información confidencial fuera plenamente explotada comercialmente por China.
Este procesamiento judicial se enmarca en la política dictada por el gobierno de Taipéi para resguardar la industria de los microprocesadores de última generación, insumos indispensables para la infraestructura global y el desarrollo de la inteligencia artificial. La imputación contra Chen sucede a otras acciones judiciales recientes en la isla, como las condenas de hasta diez años impuestas el pasado mes de abril por el Tribunal de Propiedad Intelectual a extrabajadores y filiales vinculadas con la extracción de patentes, consolidando un cerco normativo total frente al robo de propiedad intelectual.
(Con información de EFE y France 24)
