En la mañana de este martes 14 de julio, en el departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró a al menos 39 civiles. Las víctimas, entre las que se reportan dos menores de edad, se desplazaban en vehículos de servicio público cuando fueron interceptadas y retenidas ilegalmente en el sector de Toldas, sobre la vía que comunica a Quibdó con el municipio de Carmen de Atrato. El hecho provocó el bloqueo inmediato de este importante eje vial y desató la alerta de las Fuerzas Militares.
Tan pronto se conoció la emergencia, la Séptima División del Ejército Nacional activó un dispositivo de respuesta. Unidades del Grupo Liviano de Caballería N.° 9, junto con el Batallón de Infantería N.° 12 Primero de Línea y el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 26, iniciaron un operativo conjunto apoyado por aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. El objetivo primordial de la misión era cercar a las columnas insurgentes del ELN que mantienen cautivos a los pasajeros y restablecer de forma segura el tránsito vehicular en esta zona.
Sin embargo, el despliegue de rescate fue recibido con una violenta ofensiva criminal. Durante el avance de las tropas estatales, integrantes del ELN activaron una carga explosiva improvisada al paso de los uniformados, desatando un intenso combate armado en plena carretera. Como consecuencia de este ataque, catalogado por el alto mando como un acto terrorista e infracción al Derecho Internacional Humanitario, dos soldados perdieron la vida y otros cinco uniformados resultaron heridos de gravedad, requiriendo su evacuación de emergencia a centros asistenciales.
Este masivo secuestro ocurre apenas una semana después de que el ELN privara de la libertad a ocho personas en el departamento del Cauca, evidenciando una preocupante reactivación de este método de presión territorial. El departamento del Chocó, fronterizo con Panamá y con salida al océano Pacífico, representa uno de los enclaves más codiciados por esta estructura armada. Desde allí, el grupo criminal financia sus operaciones a través de la extorsión a transportistas, la minería ilegal y el control de rutas fluviales estratégicas para el narcotráfico internacional.
La crisis en Chocó coincide además con un periodo de transición política crucial para Colombia. El auge de la violencia insurgente y la proliferación de retenes ilegales marcaron con fuerza la reciente campaña presidencial, impulsando el triunfo en las urnas del mandatario electo, el derechista Abelardo de la Espriella. El nuevo presidente ha prometido endurecer la doctrina de seguridad nacional mediante bombardeos masivos y cero concesiones de paz frente a los grupos irregulares.
Mientras tanto, el Ejército Nacional ratificó que las operaciones militares conjuntas y los despliegues aéreos continúan activos sobre el corredor vial para contrarrestar la emboscada, proteger a la población civil y forzar la liberación de los 39 rehenes. Al mismo tiempo, la institución militar activó los protocolos de acompañamiento social y extendió sus condolencias a las familias de los soldados caídos, cuyos nombres se suman a la larga lista de víctimas de un conflicto que se resiste a desaparecer de las carreteras colombianas.
(Con información de la Séptima División del Ejército Nacional de Colombia, EFE y AFP)
