El Tribunal de Sentencia de Tarija declaró este lunes en rebeldía al expresidente izquierdista Evo Morales, emitiendo una nueva orden de aprehensión y el arraigo formal para impedir su huida del país. Morales, quien ha evadido a la justicia durante meses, debía presentarse al inicio del juicio oral por el delito de trata y tráfico de personas agravado.
La Fiscalía sostiene que el socialista abusó de su posición de poder para sostener una relación con una menor de 15 años, un caso que se agrava con la complicidad de los padres de la víctima, quienes habrían recibido favores políticos a cambio del acceso a la adolescente.
A pesar de la gravedad de los cargos y de las más de 170 pruebas presentadas por el Ministerio Público (que incluyen el registro civil de una hija nacida de dicha relación), Morales ha optado por el atrincheramiento.
Actualmente, el indigena se encuentra refugiado en su bastión sindical del Chapare, protegido por grupos de choque cocaleros que han montado barricadas y vigilias armadas para impedir cualquier incursión policial. Utilizando sectores sociales como "escudo humano".
"El juicio queda suspendido hasta que Morales comparezca o se haga comparecer por la fuerza pública", sentenció el fiscal Luis Gutiérrez, subrayando que la captura es ahora responsabilidad directa de la Policía Nacional.
La defensa de Morales intentó deslegitimar el proceso alegando "persecución política", un argumento recurrente en su narrativa de izquierda para eludir sus responsabilidades penales. Sin embargo, la justicia ratificó que las notificaciones fueron realizadas conforme a la ley y que la inasistencia del acusado es un acto de desacato flagrante.
Mientras Morales permanece aislado en el Trópico de Cochabamba, la indignación crece en el país al conocerse detalles de cómo la presunta víctima y su madre tuvieron que huir a Argentina para solicitar refugio ante las amenazas y presiones del entorno evista.
En paralelo al avance judicial, Morales ha intentado desestabilizar el país promoviendo bloqueos de carreteras y movilizaciones hacia La Paz, en un intento por presionar al gobierno actual y forzar una impunidad que la justicia ya no parece dispuesta a otorgar.
Fuentes: ABC, DW.
