La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó de urgencia a una reunión de su Consejo Permanente para este miércoles 20 de mayo, con el objetivo de abordar la crisis institucional y los graves disturbios que sacuden a Bolivia. La decisión del organismo hemisférico se formalizó tras registrarse más de cuatro horas de violentos enfrentamientos en el centro de La Paz, donde agrupaciones de izquierda eufóricas intentaron asaltar los perímetros de seguridad gubernamentales.
El canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció formalmente que las movilizaciones son promovidas de manera directa por el socialista de Evo Morales con la finalidad explícita de destruir el proceso democrático que puso fin a dos décadas de hegemonía del régimen masista en el poder.
Los disturbios, encabezados por facciones radicales de la Central Obrera Boliviana, se intensificaron tras la derogación de la Ley 1720, derivando en exigencias extremas que contemplan la renuncia obligatoria del presidente constitucional Rodrigo Paz. Las fuerzas del orden público se vieron obligadas a desplegar tácticas de contención frente al uso de artefactos explosivos por parte de los manifestantes, cuyo accionar dejó un saldo inicial de varios civiles y tres trabajadores de prensa heridos por esquirlas de dinamita.
Ante este escenario de agitación civil, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó enérgicamente las acciones de sabotaje político y ratificó su respaldo a la administración legítima de Paz para restablecer el orden.
El bloqueo sistemático de las principales vías de transporte terrestre por parte de los sindicatos izquierdistas ha provocado un rápido desabastecimiento de insumos básicos en las urbes, configurando una delicada situación de emergencia humanitaria. Informes diplomáticos de Washington alertaron sobre la alarmante escasez de medicamentos esenciales, alimentos de primera necesidad y combustibles, afectando directamente los derechos fundamentales de la población civil ajena a las protestas.
El canciller Aramayo aclaró ante los medios internacionales que la intervención de la OEA constituye un mensaje de defensa a la soberanía institucional boliviana y un freno definitivo a los métodos de coacción callejera utilizados por el sindicalismo radical.
La sesión del Consejo Permanente, programada para desarrollarse en la sede central del organismo en Washington, evaluará la aplicación de mecanismos diplomáticos regionales destinados a preservar la estabilidad del país andino frente a las presiones del bloque socialista. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, coordinará las deliberaciones técnicas que contarán con transmisión simultánea y la participación de los embajadores de las repúblicas americanas.
El Ministerio de Gobierno de Bolivia ordenó la captura formal de los principales líderes sindicales acusados de financiar el traslado de los marchistas y de suministrar material detonante a las brigadas de choque urbanas. Los mandos policiales en La Paz reforzaron la seguridad en las adyacencias de los palacios de Estado y los edificios legislativos para evitar nuevas incursiones de las milicias corporativas vinculadas al evismo.
(Con información de Infobae)
