Fuentes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) confirmaron que manejan informaciones internas que sitúan el número de personas desaparecidas en torno a las 50.000. Aunque el organismo multilateral aclaró que se trata de estadísticas provisionales y no confirmadas oficialmente por la institución, la cifra refleja el colapso absoluto de las comunicaciones y de los registros civiles en las áreas siniestradas. Paralelamente, el balance verificado y reportado por las autoridades nacionales se elevó este viernes a 920 víctimas mortales y 3.360 heridos.
La brecha entre las muertes confirmadas y los desaparecidos es una de las mayores preocupaciones de los cuerpos de socorro. Datos complementarios recopilados revelan que, al cierre de esta jornada, se han interpuesto solicitudes de búsqueda para 57.287 ciudadanos, de los cuales 49.519 se encuentran en una situación de nulo contacto con sus allegados. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) catalogó este evento de magnitudes 7.2 y 7.5 (ocurridos con una diferencia de apenas 39 segundos) como el movimiento telúrico más violento registrado en la nación sudamericana desde el año 1900.
Las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) proyectan que hasta 6,76 millones de personas han resultado damnificadas directa o indirectamente por el desastre, incluyendo a dos millones de ciudadanos en el área metropolitana de Caracas. La zona cero de la emergencia se localiza en el costero estado La Guaira, declarado formalmente en "zona de desastre" tras constatarse el colapso estructural de más de 100 edificios residenciales y vacacionales. El impacto fue acentuado debido a que los sismos se registraron durante un día feriado, en un momento en que miles de familias se encontraban reunidas en el interior de sus hogares para sintonizar un evento deportivo internacional.
En las calles de localidades como Macuto, los propios civiles remueven placas de concreto con sus manos en un intento desesperado por hallar supervivientes. Familias enteras, como los Brito, aguardan junto a las ruinas de las residencias Punta Piedra implorando el envío de maquinaria pesada capaz de levantar los forjados de los apartamentos desplomados. Las redes sociales internacionales se han convertido en el principal canal de auxilio ante la interrupción de los servicios de telefonía e internet locales, con miles de usuarios publicando los nombres y fotografías de sus familiares atrapados bajo las estructuras derruidas de los municipios costeros.
La respuesta de la comunidad internacional ha sido masiva para intentar paliar las carencias del sistema sanitario local. Un total de 30 equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR) procedentes de 16 naciones se encuentran desplegados o en ruta, sumando más de 1.600 rescatistas y 100 perros rastreadores. En el plano financiero, la OCHA liberó 15 millones de dólares de su Fondo Central de Emergencias, mientras que el gobierno de Estados Unidos anunció una asignación de 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y la Cruz Roja Internacional lanzó un llamado de urgencia por 50 millones de francos suizos.
La capacidad de respuesta del Estado venezolano se encuentra severamente limitada por la crisis de infraestructura preexistente en el país, caracterizada por fallas crónicas en el suministro eléctrico, la escasez de agua y la precariedad de los centros hospitalarios. El Ejecutivo central ordenó la militarización inmediata del estado La Guaira con el despliegue de 11.500 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
(Con información de EFE, ONU y Diario Las Américas)
