El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, formalizó la puesta en marcha del Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y oficializó el nombramiento de la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia. La medida busca estructurar una fuerza operativa de alto nivel para rastrear, prevenir y sancionar el mal manejo de los fondos estatales en todo el territorio nacional.
El mandatario enfatizó que la nueva instancia no operará como una dependencia burocrática tradicional, sino como una unidad con capacidades de analítica financiera, investigación transnacional y el despliegue de agentes encubiertos dentro de la administración pública para desarticular redes delictivas antes de la ejecución de los presupuestos.
"A los corruptos se les acabó la fiesta. Llegué a la Presidencia con una convicción que no negocio: la plata de los colombianos es sagrada. En el Gobierno del Tigre, el que toque la plata pública termina preso", aseveró el presidente.
Vigilancia a mandatarios locales y universidades públicas
Durante sus recientes intervenciones territoriales, el jefe de Estado dejó en claro que la entrega de partidas presupuestales a municipios y departamentos estará sujeta a auditorías rigurosas. Frente al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, el Presidente ratificó que habrá inversión para el departamento de Sucre, pero advirtió que no se otorgarán "cheques en blanco" a administraciones con cuestionamientos o procesos abiertos.
En el sector educativo, de la Espriella ordenó al Ministerio de Educación ejercer inspección y vigilancia sobre la rectoría de la Universidad de Córdoba, encabezada por Jairo Torres Oviedo, asegurando que la autonomía universitaria no puede utilizarse como escudo para el clientelismo. Asimismo, tras la anulación de la elección del exrector Ivaldo Torres Chávez en la Universidad de Pamplona por parte del Consejo de Estado, la ministra Ilva Miryam Hoyos fue instruida para intervenir de inmediato e investigar presuntas irregularidades en la contratación institucional.
Insubstanciación en Bomberos y revisión de contratos pasados
En el marco de la política de cero tolerancia dentro de su propio gabinete, el Presidente solicitó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, declarar insubsistente al director de la Dirección Nacional de Bomberos, Germán Miranda, tras detectarse actuaciones incompatibles con la ética pública.
Paralelamente, el Gobierno anunció la apertura de auditorías forenses contractuales sobre la administración saliente. Entre los expedientes priorizados figura el contrato interadministrativo 1166 de 2026 por un valor de 14.984 millones de pesos, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad de Pamplona dentro del programa Ciberpaz. La ministra Alexandra Falla coordinará la revisión técnica y financiera de dicho gasto para determinar si existen méritos para emprender acciones ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.
El mandatario concluyó advirtiendo que las investigaciones no tendrán excepciones por alianzas políticas, amiguismos o lazos familiares, instando a los funcionarios y ciudadanos a documentar y denunciar cualquier irregularidad institucional.
(Con información de la Presidencia de Colombia y La Razón)
